Hace varios años, Ecuador atraviesa una profunda crisis de seguridad. Sin embargo, durante los primeros días de enero, se suscitaron una serie de eventos que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de un conflicto armado interno.
Los detonantes (ya que para abordar los antecedentes, es necesario retroceder al menos una década atrás) que desencadenaron en la situación actual del país son los siguientes.
- 7 de enero del 2024: se confirma la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito“, uno de los principales líderes criminales del país y cabecilla de la banda narcodelictiva “Los Choneros”. Macías estaba recluido en la cárcel Regional de Guayaquil desde el 2011.
- 8 de enero del 2024: Daniel Noboa declara estado de excepción a nivel nacional por un periodo de 60 días. En respuesta a esta medida, se registraron múltiples ataques violentos en diversas zonas del país.
- 9 de enero del 2024: se confirma la fuga del líder criminal Fabricio Colón Pico. Se llevan a cabo varios actos terroristas sincronizados en todo el territorio, incluido el atentado contra el canal televisivo nacional TC Televisión. Además, se produjo la toma de universidades y hospitales, tiroteos, amenazas de bomba y la toma de personal penitenciario como rehén por parte de los reclusos. Daniel Noboa firma el decreto ejecutivo 111, en el cual aumenta una causal al estado de excepción del país: la existencia de un conflicto armado no internacional.
El decreto 111 en la práctica
El decreto 111, además de reconocer la existencia de un conflicto armado interno, dispone “la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional”, con el objetivo de garantizar “la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”.
El decreto identifica a 22 grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, convirtiéndolos en objetivos militares. Las Fuerzas Armadas asumen la responsabilidad de defender al país contra el enemigo interno, mientras que la Policía opera en calidad de apoyo a las FF.AA.
Adicionalmente, las FF.AA. tienen la posibilidad de realizar despliegues y operativos, llevar a cabo controles con revisión de pertenencias, efectuar allanamientos sin necesidad de orden judicial y emplear armamento letal de manera progresiva contra grupos identificados como terroristas. Las FF.AA. cuentan con el respaldo de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, la cual “garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal”.
El presidente Noboa ha manifestado en repetidas ocasiones su respaldo a las fuerzas del orden en su labor contra cualquier intento de desestabilización y caos que se pretenda realizar dentro del territorio nacional
“Aquí me tienen, y me tendrán defendiendo la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y que ningún ‘antipatria’ nos venga a decir que estamos violando los derechos de nadie, cuando lo que estamos es protegiendo los derechos de la gran mayoría”
Daniel Noboa frente a las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos emitidas por organizaciones en el marco de las intervenciones a las cárceles que controlan por las bandas criminales.
Desde el 9 de enero hasta el 15 de febrero el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) presentó los siguientes resultados en materia de seguridad:
- 167,024 municiones incautadas
- 98,890 operativos
- 8,080 detenidos (241 por terrorismo)
- 153 operaciones contra grupos terroristas
- 8 terroristas abatidos
- 34 personas privadas de libertad recapturadas
- 2,405 armas de fuego incautadas
- 3,422 armas blancas incautadas
- $195,398 dinero incautado
- 28 embarcaciones aprehendidas
- 12,433 explosivos incautados
- 52,617.59 kg droga decomisada
El estado de excepción ha generado una relativa tranquilidad temporal en las calles de Ecuador, debido a la significativa reducción de homicidios tras la declaración del conflicto armado interno. El gobierno estima una disminución del 67,8% en muertes violentas, ya que, en los primeros nueve días del año, se registraron 27,8 asesinatos diarios en promedio; mientras que, en los siguientes quince días, la cifra descendió a 10,7 por día.
Es importante señalar que, al analizar la delincuencia, resulta crucial tener en cuenta las tendencias a largo plazo. Los resultados derivados de las medidas de declaratoria de estado de excepción no son suficientes para afirmar que se han hallado soluciones definitivas al problema y sus raíces. Este demanda un enfoque centrado en políticas estructurales, sostenibles, y transversales para un tratamiento efectivo.
El año 2023 se destacó como el más violento en la historia del país andino, registrando una tasa de 43,2 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta cifra posicionó a la nación como la más violenta de América Latina y la sexta a nivel mundial.
El narcotráfico: un problema que “trasciende fronteras”
El presidente Noboa ha enfatizado en diversas ocasiones que lo que ocurre en Ecuador “afecta a todo el mundo”, ya que “los narcoterroristas que operan en Ecuador también tiene operaciones en Europa y Estados Unidos”. Dada la naturaleza global de este problema, el respaldo de la comunidad internacional se torna imprescindible.
En el medio internacional CNN, el primer mandatario afirmó:
“Aceptaría con mucho gusto la cooperación de Estados Unidos. Necesitamos equipos, necesitamos armas, necesitamos inteligencia y creo que este es un problema global. No es sólo en Ecuador, este es un problema que va más allá de las fronteras”
Declaración de Daniel Noboa a Christiane Amanpour de CNN
Bajo este enfoque, la última semana de enero, Noboa recibió a una delegación de altos mandos estadounidenses para discutir la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Como resultado de esta reunión, el país norteamericano ha proporcionado equipos “críticos” de seguridad y respuesta ante emergencias, además de comprometerse con una cartera de inversiones a cinco años que abarca equipos militares, asistencia humanitaria, respuesta a desastres y capacitación.
Adicionalmente, Noboa expresó en una entrevista radiofónica, “estamos trabajando con más de 38 naciones que brindarán ayuda internacional. Hemos aceptado el apoyo de Argentina y Estados Unidos”. “No es el momento de decir no por ego o vanidad. Necesitamos apoyo militar en términos de mano de obra y soldados, así como asistencia en inteligencia, artillería y equipos”, agregó el mandatario.
El pasado miércoles 14 de febrero, se dio inicio a la visita del jefe de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, Rahul Gupta. Durante esta visita, está programado un encuentro con el presidente Daniel Noboa para analizar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico entre ambos países y determinar en qué áreas Estados Unidos puede brindar asistencia adicional.
En última instancia, tras el fallo favorable de la Corte Constitucional de Ecuador, el presidente ratificó dos acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, los cuales fueron inicialmente firmados por el expresidente Guillermo Lasso.
El primer acuerdo autoriza la realización de operaciones conjuntas con Estados Unidos para abordar actividades marítimas transnacionales ilícitas, como el tráfico de drogas, armas de destrucción masiva, migrantes y pesca ilegal. En tanto, el segundo acuerdo establece beneficios, inmunidades y exenciones para el personal militar y civil del Departamento de Defensa de Estados Unidos que colabore con el país sudamericano.
Los recursos políticos de Noboa
Consulta popular y referéndum constitucional
El 21 de abril, los ecuatorianos se pronunciarán en las urnas para ejercer su derecho al voto en una consulta popular y referéndum propuesto por el presidente. Después del proceso constitucional correspondiente, se aprobaron 10 de las 20 preguntas inicialmente propuestas.
Además, se incorporará una pregunta que aborda una reforma al texto del artículo 158 de la Constitución de la República sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Esta propuesta fue presentada por el expresidente Guillermo Lasso, aprobada tanto por la Asamblea Nacional como por la Corte, y para ser ratificada oficialmente, los ecuatorianos deben expresar su apoyo mediante un referéndum constitucional.
Algunos de los temas abordados por las 6 preguntas de la consulta popular y las 4 del referéndum constitucional incluyen el aumento de las penas en delitos como el terrorismo y la delincuencia organizada, la eliminación de la prohibición de extradición para personas de nacionalidad ecuatoriana, la implementación del contrato de trabajo por horas y a plazo fijo, modificaciones en el rol de las Fuerzas Armadas, permitir que el Estado pueda convertirse en titular de los bienes de origen ilícito, entre otros.