El RIGI ofrece incentivos para inversiones superiores a 200 millones de dólares realizadas en los próximos dos años en sectores estratégicos como minería, energía y tecnología. El régimen proporciona beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de garantizar estabilidad normativa durante 30 años, con el objetivo de fortalecer la capacidad exportadora de Argentina y desarrollar sectores clave para la inserción del país en el comercio internacional.
De momento, el RIGI no está vigente porque aún no ha sido reglamentado. Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que “la reglamentación va a estar, en principio para el último día hábil de la semana que viene”.
La duda que persiste es sobre qué ocurriría si una provincia tiene reparos sobre el régimen. Según el Informe #19 de la consultora Paspartú, si el Poder Ejecutivo Nacional acepta un VPU, la empresa automáticamente se beneficia de los incentivos del RIGI sin necesidad de validación provincial. Esta última se requiere únicamente con el objetivo de que las provincias no puedan obstaculizar la aplicación de los beneficios durante los 30 años de vigencia del régimen.
A pesar de que el RIGI aún no ha sido reglamentado, ya ha logrado atraer proyectos de inversión que inyectarán dólares en el país.
El más destacado es el de YPF-Petronas en Río Negro. Inicialmente previsto para la Provincia de Buenos Aires, el proyecto se trasladó a la provincia patagónica. A pesar de las reservas del gobernador Axel Kicillof sobre el RIGI y las consideraciones político-ideológicas del presidente Javier Milei, las compañías han justificado su decisión con razones técnicas y económicas.
YPF explicó que la consultora internacional Arthur D. Little concluyó que invertir en la provincia gobernada por Alberto Weretilneck es más ventajoso por sus mejores aspectos económicos, menor longitud de los gasoductos, mayor profundidad marítima, amplia disponibilidad de terrenos y bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas.
El proyecto, que requiere una inversión mínima de 30.000 millones de dólares, es la iniciativa más ambiciosa hasta la fecha. Consiste en construir una planta de gas natural licuado (GNL) para exportar la producción de Vaca Muerta en estado líquido a mercados internacionales.
El cronograma estima la llegada del primer buque licuefactor de Petronas y la operación del primer gasoducto de 640 kilómetros para 2027. Para 2029 se prevé la incorporación de un segundo buque, para el cual YPF espera su licitación, junto con la construcción de instalaciones para el procesamiento de gas seco y servicios portuarios. Finalmente, para 2030 se planea construir módulos en tierra para alcanzar una capacidad de producción de 15-20 millones de toneladas por año (Mtpa) de GNL, con un crecimiento proyectado a 25-30 Mtpa para 2032.
Si bien la Provincia de Buenos Aires no será la sede de la inversión más significativa anunciada hasta el momento, la siderúrgica Sidersa presentó un plan de inversión inicial de 300 millones de dólares para instalar una planta en la localidad bonaerense de San Nicolás.
El Ministerio de Economía destacó que el proyecto “permitirá abastecer al mercado con insumos, como el hierro de construcción, indispensables para la producción nacional y la generación de exportaciones”. Además, la iniciativa permitirá crear 300 puestos de trabajo directos y 3.500 indirectos.
La provincia de San Juan se beneficiará de dos proyectos mineros vinculados a la exportación de cobre, liderados por las compañías BHP y Lundin Mining. La iniciativa Filo del Sol requerirá una inversión inicial de 5.000 millones de dólares, mientras que el proyecto Josemaría alcanzará los 3.000 millones de dólares. Las empresas señalaron que “los proyectos se avanzarán de acuerdo con los estándares internacionales de la industria para ofrecer valor económico y social”.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, declaró que el anuncio representa “un gran paso en el desarrollo productivo de la provincia” y añadió que “para San Juan y para el país esto se traduce en mano de obra, riqueza, crecimiento y desarrollo. Gracias a la aprobación del RIGI, seguimos promoviendo grandes inversiones y un desarrollo sostenible”.
Adorni respaldó esta idea, aclarando que la empresa conjunta “no hubiese llevado adelante la inversión o la decisión de invertir en un largo plazo si no hubiese sido por este régimen”. Además, señaló que el complejo estará entre las 10 minas de cobre más grandes del mundo y le aportará a San Juan 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales.
Por su parte, Transportadora de Gas del Sur propuso una inversión de 700 millones de dólares para ampliar la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner. Este proyecto permitirá sustituir millonarias importaciones para el año 2026. Además, el CEO de la empresa, Oscar Sardi, aseguró que la inversión generará el empleo de 10.000 trabajadores.
Finalmente, Adorni confirmó que varias empresas mineras están planificando inversiones en Salta por alrededor de 9.000 millones de dólares. Y añadió que “la provincia de Salta envió el proyecto de adhesión al RIGI a la Legislatura para impulsar el desembarco de grandes inversiones”.
Entre los proyectos destacados, Posco Argentina planea solicitar el RIGI para su proyecto de litio de 2.000 millones de dólares. Ganfeng está considerando una inversión cercana a 1.000 millones de dólares para su nuevo proyecto de litio. First Quantum Minerals tiene previsto aplicar al RIGI con un desembolso de aproximadamente 4.000 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca. Eramet también adheriría al régimen con su proyecto de litio, que requiere una inversión de entre entre 800 y 1.000 millones de dólares. Además, Rio Tinto y Alpha Lithium/Tecpetrol están evaluando la construcción de sus proyectos en el corto plazo.
El deseo de una lluvia de inversiones parece estar comenzando a materializarse gracias al RIGI. Con proyectos mineros y energéticos que suman miles de millones de dólares en diversas provincias, Argentina podría experimentar una entrada sustancial de capital extranjero, crucial para su economía nacional. Sin embargo, el régimen enfrenta fuertes críticas que lo acusan de destruir la industria nacional, entregar los recursos naturales a intereses extranjeros y causar un grave impacto ambiental.