La definición de espionaje incluida en la nueva ley china es vaga, lo cual le otorga a las autoridades mayor libertad de acción para sancionar tanto actividades de nacionales como de extranjeros en territorio chino. Esto incluye también a las empresas extranjeras con base en China, las cuales ya se han visto perjudicadas el año pasado debido a la política de “Covid-cero” que dificultó las operaciones comerciales globales.
El texto de la ley había sido compartido al público en diciembre de 2022, pero recién fue aprobado el 26 de abril por el Comité Permanente de la Asamblea Popular China. Según este, “relacionarse con organizaciones de espionaje y sus agentes”, así como la obtención no autorizada de “documentos, datos, materiales y artículos relacionados con la seguridad y los intereses nacionales”, pueden constituir un delito de espionaje.
El Centro Nacional de Seguridad y Contrainteligencia de Estados Unidos (NCSC, por sus siglas en inglés) advirtió que la ley otorga a Beijing “bases legales ampliadas para acceder y controlar los datos en poder de las empresas estadounidenses en China”.
Esto agrava aún más la situación de desconfianza de las empresas extranjeras con el gobierno chino, que ya estaba complicada tras los interrogatorios al personal de la empresa Mintz Group que tuvieron lugar en marzo. La oficina en Beijing de la firma estadounidense, conocida por la verificación de antecedentes comerciales y la recopilación de información, fue allanada, lo cual acabó con la detención de cinco miembros chinos del personal.
Adicionalmente, la policía china también visitó la oficina de Shanghái de Bain & Co en abril, y se llevaron teléfonos y computadoras de la empresa. Deloitte y varios de sus empleados fueron multados el mismo mes por auditorías defectuosas.
En un contexto de ampliación de medidas restrictivas a las firmas extranjeras, resulta pertinente resaltar que las empresas de inteligencia comercial y de diligencia debida son cruciales para que aquellas hagan negocios en China, puesto que es necesario recopilar información de inteligencia sobre las principales inversiones comerciales, fusiones y adquisiciones que podrían afectar sus decisiones.
Anna Ashton, directora de la consultora estadounidense Eurasia Group, afirmó que “será más difícil para las empresas garantizar que, por ejemplo, sus cadenas de suministro estén libres de trabajo forzoso o sus productos de alta tecnología no se estén transfiriendo a usuarios finales militares”.
La falta de transparencia sobre por qué se han tomado nuevas medidas restrictivas contra las consultoras extranjeras está dificultando que las empresas distingan entre lo que es ilegal y lo que no lo es. Esta falta de transparencia ha sido recogida por el Instituto Mercator de Estudios de China, que resaltó que el país ha publicado un 21,5% menos de documentos de política pública en comparación al año 2015.
En los últimos tiempos, han tenido lugar varios los arrestos de alto perfil de ciudadanos extranjeros bajo cargos de espionaje. Entre ellos, cabe resaltar el caso de la periodista china-australiana, Cheng Lei y el del ciudadano estadounidense residente en Hong Kong, John Shing-Wan Leung, que fue condenado a cadena perpetua en mayo de este año.
Esta nueva ley, cabe recordar, es la revisión de aquella implementada en 2014, poco tiempo después de que Xi Jinping asumiera el poder, y complementa una serie de normas tendientes a endurecer el control sobre los extranjeros, como la normativa aprobada en 2016, la cual limita el accionar de organizaciones no gubernamentales extranjeras, y la ley de inteligencia de 2017. Durante ese mismo año, Beijing lanzó una campaña que ofrecía recompensas de hasta 500.000 yuanes, equivalentes a unos 70.000 dólares, para alentar a los ciudadanos a denunciar actividades sospechosas que pudieran dañar la seguridad nacional.
“La confianza en el mercado de China sufrirá aún más si la ley se aplica con frecuencia y sin un vínculo claro, estrecho y directo con actividades universalmente reconocidas como espionaje”, señaló Craig Allen, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, frente a la implementación de la nueva ley.
La embajada de China en Washington, por su parte, ha dicho que Beijing tiene derecho a salvaguardar la seguridad nacional a través de la legislación nacional. Además, el portavoz de la embajada, Liu Pengyu, afirmó que “China continuará promoviendo la apertura y proporcionando un entorno comercial internacional más basado en la ley para empresas de todos los países, incluido Estados Unidos”.
A principios de este año, una encuesta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China encontró que el 32% de las empresas miembros del grupo aseguran que la existencia de una “interpretación regulatoria inconsistente” y de “leyes y aplicación poco claras” es un riesgo importante en el país. El informe también encontró que estas empresas, por primera vez, estaban menos dispuestas a invertir en el gigante asiático a pesar de la magnitud de su mercado.
Un reporte similar de junio emitido por la Cámara de Comercio Europea en China también encontró que el 64% de las empresas europeas dice que hacer negocios en China se ha vuelto más difícil en el último año, además de que el 11% ya ha trasladado las inversiones existentes fuera del país.