Las reacciones que los polémicos acontecimientos han generado en los dirigentes de los países latinoamericanos pueden ser clasificadas en tres tipos: la condena abierta, la dubitación, y el apoyo total.
Dentro del primer grupo se encuentran, en primer lugar, todos aquellos países que lanzaron un comunicado conjunto el día siguiente al acontecimiento expresando “su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela” y exigiendo “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes”.
Entre estos países que condenaron abiertamente a Venezuela encontramos a Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, y República Dominicana. Este grupo de países es el que ha intentado construir junto a los Estados Unidos una resolución en la OEA que condenase los resultados y el procedimiento de la elección. El Salvador y Chile también han sostenido que hubo irregularidades en las elecciones.
En varios de estos casos, sus máximas autoridades han reconocido al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de los comicios y el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Maduro les ha demandado el retiro de sus embajadores y personal diplomático a varios de ellos.
Aunque el grado de dureza ha variado entre los países, la Argentina, con quien Maduro ha decidido polarizar discursivamente, es representativa de este grupo. El Jefe de Estado, Javier Gerardo Milei, no tardó en comunicar por la red social “X” su repudio al fraude realizado por el chavismo, y la Canciller Mondino se expresó con igual franqueza tanto en redes como durante la reunión en la OEA. Ambos han mostrado públicamente su seguridad acerca del triunfo de la oposición.
La Cancillería ha respaldado oficialmente la postura pero también ha dicho seguir “con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva”, lo cual parece ser la metodología que la mayoría de estos países confrontativos han adoptado. En este sentido, queda por verse si el CNE publica en tiempo y forma las actas demandadas y si éstas coinciden con las presentadas por la oposición en su sitio web.
Quizás la novedad aquí sea que el gobierno de Chile se encuentre coincidiendo con aquellos gobiernos a los que menos se esperaría verlo asociado. La puja interna en la coalición y el alto grado de institucionalismo probablemente sean explicaciones de porqué se priorizó el respeto a la democracia por sobre el triunfo de un espacio político más ideológicamente afín que el que habría ganado realmente.
Aquellos países latinoamericanos que han apoyado incondicionalmente el nombramiento de Nicolás Maduro como presidente electo han sido Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia. En todos ellos podemos encontrar el denominador común de la ideología socialista-revolucionaria y la debilidad institucional. Es así que el hecho de que un político ideológicamente afín se mantenga en el poder resulta más importante que la preservación del Estado de Derecho en Venezuela (que ha desaparecido mucho tiempo atrás, y no en esta elección) y el procedimiento democrático.
Finalmente, entre los países dubitativos y que generan mayor incógnita, se encuentran Brasil, México y Colombia. Sus jefes de estado han sido reacios a condenar en términos tan categóricos a Maduro, pero también a reconocer los resultados como verídicos.
En el caso de Brasil, la alianza histórica entre el PT de Lula y el chavismo no le ha impedido mostrar sus consternaciones y exigir que se respete la norma. Una semana antes de las elecciones había presionado a Maduro por sus dichos sobre los ‘‘baños de sangre’’ y la ‘‘guerra civil fraticida’’ que esperaba al país si él no ganaba. No obstante, la vecindad territorial de ambos estados, al igual que en el caso de Colombia, tiene un peso no menor sobre la decisión de qué tan lejos ir.
Andrés Manuel López Obrador también insiste con que el oficialismo venezolano debe presentar las actas, pero al igual que Petro y Lula, ha sido responsable de bloquear el intento de una ofensiva más fuerte y concertada contra Maduro en la OEA.
La indeterminación que estos tres presidentes mantienen respecto a qué sentencia dar desde sus respectivas instituciones diplomáticas los ha puesto en una posición de neutralidad o intermediario que ha servido hasta ahora como forma de prevenir una completa grieta ideológica latinoamericana alrededor del caso y proveer soluciones rápidas para aquellos diplomáticos y refugiados políticos cuyas circunstancias de repente se volvieron inciertas y peligrosas.
El logro conjunto entre el Palacio San Martín e Itamaraty de mantener, por un lado, la embajada argentina bajo control (delegado en Brasil) y, por el otro, comenzar a planear la habilitación de un salvoconducto a quienes residían allí hasta el momento de su expulsión del país, lo ejemplifica. Evitar el desamparo y abandono total de esos ciudadanos argentinos era un imperativo, pero no podría haberse logrado sin el Estado Federativo de Brasil funcionando como puente.
Con el reloj a punto de quedarse sin arena para Maduro, quien tendrá hasta hoy (viernes 9, cumplidos los 12 días) para presentar las actas completas del escrutinio, la pregunta que se impone es cuánto tiempo podrán permanecer en la ambivalencia estos tres presidentes dubitativos.