El informe de Mario Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea (UE) plantea un conjunto de estrategias ambiciosas para revitalizar la economía europea. Sin embargo, estas medidas, diseñadas para cerrar la brecha productiva con EE. UU. y China, podrían tener efectos adversos en los consumidores. Al analizar las propuestas a través de la lente de experiencias pasadas, surgen preocupaciones sobre los costos ocultos que estas políticas pueden imponer sobre los ciudadanos europeos.
Innovación y productividad ¿soluciones a largo plazo que castigan a corto plazo?
Una de las propuestas clave del informe es el impulso a la innovación, especialmente en el sector tecnológico, para cerrar la creciente brecha con EE. UU. y China. Europa se atrasó considerablemente en el desarrollo de nuevas tecnologías; por ejemplo, en la actualidad sólo 4 de las 50 empresas tecnológicas más grandes del mundo son europeas. La solución propuesta es aumentar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo (I+D) en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la computación cuántica.
Sin embargo, aunque el enfoque en la innovación tecnológica es crucial para el crecimiento a largo plazo, las inversiones significativas en este sector pueden tener un impacto negativo a corto plazo en los consumidores. Los fondos que se destinan a proyectos tecnológicos, generalmente, provienen de ajustes fiscales, como el aumento de impuestos o la reducción de subsidios a otros sectores o directamente la emisión monetaria.
En el pasado, este tipo de redistribución de recursos ha llevado a un aumento en el costo de vida. Por ejemplo, las inversiones masivas en el sector de energías renovables en Alemania a principios de la década de 2010 provocaron un incremento significativo en las tarifas eléctricas, lo que afectó a millones de hogares.
Decarbonización y precios de la energía ¿Un esfuerzo mal coordinado?
Otra medida fundamental que se menciona en el informe es la apuesta por la descarbonización de la economía europea, un objetivo que, según el documento, debe ir de la mano con la competitividad industrial. El plan de la UE para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y adoptar energías renovables tiene el potencial de posicionar a Europa como líder en tecnologías limpias. Sin embargo, la transición energética ha demostrado ser un proceso costoso para los consumidores. De hecho, a pesar de los avances en la producción de energía verde, los precios de la electricidad en la UE siguen siendo dos o tres veces más altos que en Estados Unidos. Los precios del gas, por su parte, son entre cuatro y cinco veces más altos.
Esta disparidad en los precios energéticos no solo afecta a las industrias, sino también directamente a los hogares europeos. Experiencias pasadas en la implementación de políticas de descarbonización, como el sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS), han llevado a aumentos en los costos de producción para empresas que luego trasladan esos costos a los consumidores. Según un informe de la Comisión Europea, entre 2010 y 2020, los consumidores europeos absorbieron un incremento promedio del 30% en sus facturas energéticas debido a estos esquemas.
Seguridad y reducción de dependencias ¿Un nuevo proteccionismo?
En un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, la UE también planea reducir sus dependencias estratégicas, en particular de China, y aumentar la seguridad de sus cadenas de suministro. Si bien esta estrategia puede mejorar la resiliencia económica de Europa, el costo de reducir la dependencia de importaciones baratas podría trasladarse nuevamente a los consumidores.
La experiencia de EE. UU. con la imposición de aranceles sobre productos chinos bajo la administración Trump es un claro ejemplo de las consecuencias no deseadas de este tipo de políticas. Un estudio del Instituto Peterson reveló que los aranceles costaron a los consumidores estadounidenses aproximadamente 1.400 dólares anuales en aumento de precios de productos básicos como la ropa, los electrodomésticos y la electrónica. Si Europa sigue una estrategia similar de proteccionismo para proteger sus industrias clave, es probable que los consumidores enfrenten precios más altos y menor disponibilidad de productos.
Financiación de las inversiones ¿quién paga la factura?
Finalmente, el informe aborda la necesidad de aumentar significativamente la inversión en sectores estratégicos, como el tecnológico, el energético y el de defensa. Se estima que para alcanzar los objetivos de descarbonización y digitalización, la UE deberá incrementar su tasa de inversión en aproximadamente 5 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, la historia demuestra que el financiamiento de estas inversiones, sin un aumento correspondiente en la productividad, puede generar presión fiscal sobre los ciudadanos.
Por ejemplo, los esfuerzos para financiar el Plan de Recuperación de la UE tras la crisis de la COVID-19 ya han implicado un aumento en la deuda pública de muchos Estados miembros, y futuros programas similares probablemente se financiarán a través de impuestos más altos o recortes en otros servicios públicos. Esto podría traducirse en una reducción del poder adquisitivo de los consumidores y un acceso más limitado a servicios esenciales.
Conclusiones finales
Las consecuencias a corto y mediano plazo para los consumidores podrían ser significativas. El aumento en los costos energéticos, los posibles efectos del proteccionismo y la financiación de grandes proyectos de inversión podrían resultar en un encarecimiento de la vida cotidiana.