Este martes el Poder Ejecutivo resolvió poner fin a la situación de «emergencia territorial de pueblos originarios» a través de un decreto de necesidad de urgencia, que elimina el artículo 1 de la Ley 26.160, promulgada en el año 2006. Esta norma disponía un relevamiento territorial de las comunidades mapuches del país, con el fin de concederles tierras reclamadas.

Frente a la decisión, colectivos mapuches del sur del país advirtieron que la medida tendrá consecuencias. En esta línea, un referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, declaró que la derogación de la situación de emergencia «nos deja librados a una batalla sin control» y que «puede generar enfrentamientos que lleven a situaciones que todo el mundo va a lamentar después».

Según sostuvo el gobierno, los reclamos por la presunta reivindicación territorial se mezclan con intereses económicos vinculados a la explotación de recursos, asegurando que en sectores donde comunidades indígenas dicen tener arraigo ancestral, no había nadie hasta el comienzo del proyecto Vaca Muerta. Del mismo modo, en Villa la Angostura, donde se desarrollaba una ruta de Circunvalación, se instalaron grupos pertenecientes a comunidades mapuches impidiendo al avance de las obras y exigiendo negociar con el Estado para obtener indemnizaciones por expropiación.

Tras conocerse la decisión del gobierno, las comunidades mapuches de Neuquén se reunieron en las afueras de la casa de gobierno de la provincia, donde sostuvieron una conferencia para posteriormente entregarle un petitorio al gobernador Rolando Figueroa. Dicho documento contenía numerosos pedidos, entre los que estaba el cese de los permisos de concesión para Vaca Muerta, hasta que no haya una instancia de consulta previa con los colectivos mapuches.