El pasado martes 9 de mayo, el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador decidió, con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, continuar inmediatamente con el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.
El primer mandatario es acusado por un presunto delito de peculado en la ejecución de contratos celebrados por EP FLOPEC con Amazonas Tankers.
La moción fue presentada por la asambleísta correista Viviana Veloz, y para cuya aprobación era necesario obtener mayoría simple, es decir, solo 59 votos. Esto es así ya que se resolvió en carácter de resolución y no a través del informe que realizó la Comisión de Fiscalización.
El argumento de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, es que, al no haberse aprobado el informe que recomendaba no enjuiciar a Lasso, jurídicamente ese informe no existe y, en consecuencia, el pleno de la Asamblea es el encargado de decidir si el juicio del presidente continúa. Esta decisión fue acusada de imprudente, ilegal e inconstitucional por parte de legisladores afines al Gobierno.
Para continuar con el proceso, se tendrá que convocar a una nueva sesión que oficialmente inicie el juicio político, en donde Lasso podrá ejercer su derecho a la defensa ante el pleno.
Finalizada su intervención, se permitirán dos interpelaciones para las cuales el presidente tendrá derecho a réplica. Posteriormente, todos los asambleístas emplearán un máximo de diez minutos para exponer sus argumentos.
Una vez que concluya el debate, inicia un plazo de cinco días para resolver la censura y destitución de Guillermo Lasso. Para ello, se necesitan dos terceras partes de los votos (al menos 92 votos afirmativos).
En caso de que no se consigan los votos necesarios para proceder con la destitución, la solicitud será archivada.
En esta instancia, existen tres distintas opciones para el futuro del primer mandatario ecuatoriano. La primera es enfrentar el juicio político y que no se consiga la mayoría calificada para destituirlo. De ser así, Lasso seguiría gobernando.
La segunda es enfrentar el juicio político, que se reúnan los 92 votos afirmativos y que se efectúe su censura y destitución. En este caso el vicepresidente Alfredo Borrero asumiría la presidencia hasta que se convoque a elecciones anticipadas.
En último término, existe una tercera vía: convocar a la llamada muerte cruzada; es decir, disolver la Asamblea y gobernar por decreto hasta que, de igual manera, se convoque a elecciones anticipadas. Esta facultad fue introducida en la Constitución del 2008, y sería la primera vez en la historia del país que se use el mecanismo.