Tras un fallido primer intento de arrestar al presidente Yoon, la justicia surcoreana se muestra determinada a detener de una vez por todas al mandatario suspendido en el cargo. A un mes del escándalo de la ley marcial, Yoon Suk-Yeol está siendo sometido a una investigación por insurrección, y a juicio político. Este último proceso está en manos del Tribunal Constitucional, órgano judicial facultado para restituir, o destituir de manera definitiva a Yoon, suspendido de sus funciones por el Parlamento la noche en que se declaró la ley marcial.

En el marco de la investigación por insurrección, la semana pasada un tribunal de Seúl emitió una orden de arresto que no pudo ser efectuada. Luego de que la policía que llegó a la residencia presidencial se viera envuelta en un enfrentamiento con los guardias y efectivos militares a cargo de la protección del presidente, se decidió retirar a la policía, y una vez transcurrido el plazo de 48 horas, la orden de arresto quedó sin efecto.

Sin embargo, el día de ayer, el jefe de la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, declaró ante un comité parlamentario que se hará todo lo posible para concretar la detención del presidente Yoon, asegurando que la segunda orden de arresto será la última. Por otro lado, el Servicio de Seguridad Presidencial comenzó a fortificar el complejo en el que se encuentra la residencia donde Yoon se resguarda actualmente, montando barricadas con alambre de púa para obstaculizar el paso de los policías, mientras los partidarios de Yoon continúan demostrando públicamente su apoyo al mandatario.