La política agraria de la Unión Europea demuestra tener consecuencias ambiguas. Su política se basa en diversas medidas con efectos que en un principio resultaron positivos, pero que hoy en día son fuertemente cuestionados. Esto levantó protestas en diversos países europeos, lo cual fuerza a los líderes a buscar modificaciones a sus propias normas.
Sus medidas oscilan entre subsidios y regulaciones, algunas intentando apoyar al sector agrícola con impulsos económicos, mientras que otras priorizan otros aspectos como el cuidado del medioambiente. De esta manera, los agricultores son objeto de una gran variedad de medidas que no son todas recibidas con entusiasmo.
Las protestas estallaron en países como Francia, España, Alemania o Bélgica donde se realizó lo que se denominó una “tractorada”. Estas contaron con marchas y cortes de ruta con tractores, buscando que sus demandas sean escuchadas por los respectivos gobiernos y denunciando la “incoherencia de las políticas europeas”.
El sector agrícola no representa un gran sector de la economía del bloque, ya que forman alrededor de un 2% de la población, genera un 1,4% del PBI y un 4,2% del empleo. Sin embargo, es un grupo altamente influyente, con la capacidad de instalarse en la agenda de la Comisión Europea para que se tomen nuevas medidas a su favor.
Controvertidas medidas de la UE
Todas las medidas de la UE al respecto están atravesadas por críticas relacionadas a las mayores regulaciones, la excesiva burocracia y condiciones del contexto internacional como es el estado actual de la economía y los acuerdos externos. Frente a ello, nace la preocupación de los agricultores al tener mayores costos de producción, menor oferta, menores precios y una disminución de las exportaciones a raíz de ser menos competitivos ante las importaciones.
En la siguiente lista se presentan las principales problemáticas denunciadas por el sector y que definen a la política agrícola europea:
Política Agraria Común (PAC):
La PAC es un conjunto de leyes adoptadas por la Unión Europea para establecer una política unificada en materia de agricultura. Fue creada en 1962, convirtiéndose actualmente en la política más antigua del bloque aún en vigor. Aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE se destina a esta medida. La PAC otorga ayudas económicas directas con el objetivo de impulsar el desarrollo y productividad de los agricultores.
Las protestas surgen debido a un reclamo por un mayor financiamiento que también esté adaptado a la inflación, lo cual se dificulta debido a que el presupuesto está congelado hasta el 2027. Asimismo, reclaman que se están otorgando menos fondos, pasando de los 400.000 millones de euros establecidos en la norma a 387.000 millones de euros.
Por otro lado, surgió un rechazo frente a la serie de requisitos exigidos para poder acceder a estos pagos. Los agricultores reclaman que estos condicionantes causan mayor carga burocrática que reduce su productividad y le impone mayores controles y exigencias ambientalistas.
Por ejemplo, la PAC establece que cada agricultor debe registrar sus actividades en una plataforma llamada “Cuaderno Digital”, lo cual argumentan que obstaculiza sus actividades y hasta en muchos casos no lo pueden utilizar por falta de internet. Otras exigencias incluyen temáticas como el uso sostenible del suelo, plazos a cumplir, técnicas de laboreo, manejo de animales y uso de medios de producción.
A pesar de que se reclamen por reformas de las leyes, esto no quita la relevancia de que existan. “Sin la Política Agrícola Común nuestros agricultores no tendrían ingresos y muchos de ellos no podrían subsistir”, afirmó Macron destacando la importancia del PAC.
Regulaciones ambientales:
En el 2019 se aprobó el Pacto Verde Europeo que busca alcanzar distintos objetivos medioambientales antes del 2050. Entre sus medidas se encuentran la creación de modelos sostenibles y reducir las emisiones contaminantes, lo cual incluye disminuir el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y adoptar prácticas como la rotación de cultivos.
Los agricultores argumentan que estas imposiciones van en contra de su productividad y rentabilidad, dificultando sus ventas y su competitividad. Por ello, reclaman por una mayor flexibilidad y equilibrio teniendo en cuenta su situación.
Las fuertes protestas y presiones empujaron a la Unión Europea a reducir sus ambiciones acerca de la transición verde. Por ello, Ursula von der Leyen anunció que eliminaría la regulación contra el uso de pesticidas y que implementarían nuevas formas para otorgarles subsidios o incentivos.
De este modo, se dio marcha atrás en la propuesta que buscaba reducir el uso de sustancias químicas entre un 20% y un 50% para el año 2030. Además, se derogó temporalmente la condición de dejar un 4% de la tierra en barbecho y no se propusieron mayores recortes de emisiones.
Por otro lado, la Unión Europea aplica medidas que no solo afectan a los agricultores sino también a la actividad ganadera. Una de las políticas impone el aumento de la superficie por unidad en las granjas, causando mayores costos para la misma producción que antes.
La competencia desleal y el acuerdo con el Mercosur:
Algunos agricultores argumentan que un acuerdo entre la Unión Europea con el Mercosur perjudicaría la competencia de alimentos producidos en Europa, generando una competencia desleal. Este sector sostiene que los países del Mercosur producen con menores regulaciones en materia laboral y medioambiental, a comparación con las medidas más estrictas que deben seguir los países europeos.
Debido a las fuertes presiones de los agricultores franceses, Emmanuel Macron declaró recientemente su compromiso a no firmar el acuerdo con el Mercosur. “Lo que es incomprensible, y que yo mismo no sé explicar, es que impongamos reglas para lo que producimos en Europa y dejemos importar productos que no respetan esas mismas reglas y que vienen de fuera de Europa“, declaró el presidente de Francia.
Por lo tanto, para que el acuerdo sea aceptado, los países del Mercosur deberían aplicar las mismas normas sanitarias y medioambientales que son impuestas en Europa. Los agricultores reclaman que los acuerdos comerciales con otros países incluyan “Cláusulas espejo”, exigiendo la aplicación de las mismas normas para todos y el cumplimiento de sus estándares.
