El domingo 21 de abril, los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre la consulta popular y el referéndum constitucional propuestos por el presidente Daniel Noboa. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Sí prevaleció en nueve de las once preguntas planteadas, mientras que el No se impuso en las dos restantes, las cuales versaban sobre asuntos económicos.

Ecuador está experimentando la peor crisis de seguridad de su historia y se encuentra actualmente en un estado de conflicto armado interno. Además, el breve mandato del joven presidente ha estado marcado por tensiones diplomáticas y crisis en sectores estratégicos. Noboa asumió la presidencia después de unas elecciones extraordinarias convocadas tras la declaratoria de muerte cruzada del expresidente Guillermo Lasso.

La victoria cuantitativa del SÍ

Los ecuatorianos expresaron su apoyo unánime a todas las preguntas de la consulta relacionadas con medidas de seguridad y el papel de las fuerzas armadas.

Medidas como la extradición de ecuatorianos, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, la participación de los militares en apoyo a la Policía, el incremento de penas para delitos ligados al crimen organizado, el cumplimiento de la totalidad de las sentencias para los presos condenados por delitos relacionados a la delincuencia organizada, la tipificación del porte y tenencia de armas como delito fueron respaldadas por más del 60% de los votantes.

Además, la población estuvo de acuerdo en que las armas y municiones decomisadas sean utilizadas por policías y militares, así como en simplificar los procedimientos para que los bienes de origen ilícito pasen a ser propiedad del Estado.

La victoria significativa del NO

A pesar de que el gobierno obtuvo el apoyo del Sí en 9 de las 11 preguntas planteadas, la ciudadanía expresó su desacuerdo con las propuestas relacionadas con el trabajo por horas y la aceptación del arbitraje internacional. Estas medidas eran elementos clave del plan de atracción de inversión extranjera de la administración de Noboa, y la oposición lideró la campaña en su contra.

En la pregunta D, que planteaba: “¿Está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?“, el porcentaje de votos por el Sí fue del 34.79%, mientras que el No obtuvo la victoria con el 65.21%.

En la pregunta E, que planteaba: “¿Está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para permitir el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?”, el porcentaje de votos por el Sí fue del 30.45%, mientras que el No prevaleció con el 69.55%.

La reacción de Daniel Noboa

En su primera aparición pública tras los resultados de la consulta, el presidente ecuatoriano interpretó los resultados como un triunfo.

“Luego de que el país le dijo sí al futuro, no cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad”, afirmó. Destacó que los resultados proporcionan “más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores”.

“A mí, desde muy pequeño me enseñaron a leer marcadores y, pues, 9 a 2 es una goleada. Y el que diga lo contrario, creo que nunca vio un partido”, añadió el mandatario, subrayando la contundencia de los resultados como una victoria.

El índice de riesgo país experimentó una disminución de 37 puntos después de que se divulgaran los resultados de la consulta popular. Este indicador, que evalúa la confianza del mercado internacional en el pago de la deuda externa, descendió de 1.175 puntos el 19 de abril, previo a la consulta, a 1.138 puntos el 22 de abril, tras conocerse los resultados.

La tendencia a la baja de este índice, medido por JP Morgan, se ha mantenido tras los anuncios del Gobierno sobre la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Algunos analistas lo interpretan como un respaldo político o un fortalecimiento para la administración del presidente, ya que refleja la aceptación de la población hacia el plan de seguridad contra la delincuencia organizada.