El pasado 9 de mayo, la Corte Constitucional aprobó la consulta popular presentada por el colectivo Yasunidos, cerrando una disputa de una década de duración, para determinar si se continuará o no con la explotación petrolera en el sector ITT del Parque Nacional Yasuní. Aunque inicialmente estaba previsto que la consulta se llevase a cabo en julio, una semana después del dictamen de la Corte se decretó la emergencia de «Muerte Cruzada».
Este hecho llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a argumentar que realizar las elecciones extraordinarias y la consulta popular por separado implicaría un esfuerzo logístico, técnico y presupuestario considerable. Por ello, teniendo en cuenta esta situación, la Corte resolvió unificar las fechas.
La pregunta que tendrán que responder los ecuatorianos es: «¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?«; a lo cual deberán responder por «Sí» o por «No«.
El bloque 43, o ITT, se refiere a las áreas de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, las cuales conforman una zona petrolera ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande del Ecuador continental.
El caso Yasunidos
El dictamen de la Corte Constitucional responde a una solicitud que fue presentada originalmente en 2013 por el colectivo ambientalista Yasunidos como respuesta a la decisión del gobierno del expresidente Rafael Correa de iniciar la explotación petrolera en el ITT. Cabe recordarse que el bloque había sido decretado como «zona intangible» en 1998, con el propósito de proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y preservar la reserva de la biosfera lejos de los campos de petróleo.
La decisión de Correa de iniciar la explotación en sus años como mandatario del Ecuador, a su vez, se generó como consecuencia del fracaso de la iniciativa “Yasuní-ITT”, la cual fue presentada por el gobierno ecuatoriano en el año 2007 con el objetivo de mantener bajo tierra el crudo de la zona a cambio de recibir contribuciones económicas de la comunidad internacional.
Al no lograr el apoyo financiero suficiente, el gobierno ecuatoriano abandonó la iniciativa en 2013 y autorizó la explotación petrolera en el Yasuní ITT. Desde entonces, el colectivo Yasunidos inició una campaña para que el pueblo pueda decidir si se procede o no a la explotación.
Después de un proceso turbulento entre Yasunidos y el CNE, que finalizó con una negativa por parte de las autoridades ecuatorianas de aceptar la propuesta, el colectivo procedió a demandar al Estado por violación de derechos políticos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente, el pasado 9 de mayo, después de vaivenes en distintas instancias institucionales, la Corte Constitucional emitió dictamen favorable de los considerandos y la pregunta constante en la solicitud, dando pie a la realización de la consulta popular.
Argumentos por el «No«
Si bien el actual presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, no se ha pronunciado explícitamente a favor del “No”, advirtió las posibles consecuencias frente al cese de la explotación petrolera. «Habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos porque son necesarios, tanto para la lucha contra la desnutrición crónica infantil, para el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, el presupuesto de seguridad. Yo creo que hay que debatirlo en la sociedad ecuatoriana. O se reducen gastos o se eliminan algunos subsidios que vengan a compensar estos ingresos que se pierden por la consulta del Yasuní«, declaró el mandatario ecuatoriano.
Por su parte, Petroecuador, empresa estatal encargada del desarrollo del ITT que actualmente produce 54.800 barriles diarios de petróleo, estima que sacar la actividad petrolera de esa zona resultaría en una pérdida acumulada de 16.470 millones de dólares en los próximos 20 años.
El gerente de la empresa, Ramón Correa, también invitó a los ecuatorianos a reflexionar acerca del impacto y los riesgos que esto implicaría para el país. Expresó su preocupación por la «falta de comprensión de la pregunta» y la falta de responsabilidad en el voto como consecuencia de aquella. Además, estableció que la consulta popular era «inadecuada, extemporánea y confusa«, debido a que fue planteada antes de que inicie la explotación.
La Cámara de Comercio de Guayaquil expuso que “detener el 14% de la producción petrolera y dejar de percibir $1.200 millones anuales será un duro golpe a la economía”. En este sentido, el gremio se mostró preocupado por los desafíos fiscales que enfrentaría el próximo gobierno si los ecuatorianos deciden mantener el petróleo del bloque 43 bajo suelo.
La potencial reducción de divisas extranjeras también es motivo de preocupación, ya que la mayoría de ellas proviene de las exportaciones. Esta situación podría afectar negativamente la balanza de pagos y la reserva monetaria del Banco Central, lo que a su vez podría ocasionar un desequilibrio y representar un riesgo para la dolarización.
Otro de los argumentos a favor del «No» es que ya se han realizado inversiones para la extracción del petróleo presente en el ITT. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, afirmó que el Estado ha invertido alrededor de 1.800 millones de dólares, una suma que se perdería si se detiene la explotación; sin contar los gastos adicionales para desmontar las operaciones en caso de salir del área.
Por último, otra consecuencia impredecible de esta decisión son los impactos legales. El Estado ecuatoriano podría enfrentarse a juicios por incumplimiento de contratos, demandas de proveedores de servicios, detención de inversiones y otros aspectos que afectarían su seguridad jurídica.
Argumentos por el «Sí«
Aquellos que abogan por el «Sí» consideran fundamental proteger el lugar más biodiverso del planeta, que alberga 150.000 especies diferentes, el mayor número por metro cuadrado en el mundo. Además, el Yasuní actúa como un pulmón del planeta al ser un bosque húmedo que absorbe entre 200 y 500 toneladas de CO2 al año.
Cabe resaltarse que la petición de Yasunidos se fundamenta en cuatro pilares:
- la preservación de la biodiversidad del Yasuní;
- la lucha contra el cambio climático;
- la protección de los pueblos en aislamiento; y
- la búsqueda de alternativas al extractivismo.
La explotación petrolera en una zona tan valiosa puede resultar en la destrucción de hábitats naturales, provocar la pérdida irreparable de especies en peligro de extinción, producir una alteración de la integridad del ecosistema amazónico y generar contaminación en los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres.
Además, en esta zona habitan los pueblos indígenas aislados; a saber; los Dukagaeri, Tagaeri y Taromenane, los cuales cuentan con poblaciones no contactadas y cuya vida está protegida por varias herramientas constitucionales.
En torno a la opción por el «Sí«, se han propuesto varias alternativas para reemplazar la explotación petrolera en la zona. Estas incluyen la reducción de las exoneraciones tributarias, la renegociación de tarifas con las grandes industrias telefónicas, el cobro de deudas millonarias a los primeros deudores del servicio de rentas internas (SRI) y el desarrollo de otro tipo de industrias, como la turística.
Es pertinente mencionar que una parte importante de la población se cuestiona profundamente la extrema dependencia del país en la explotación de recursos naturales no renovables. Además del argumento ambiental, se reconoce que estos recursos son limitados y que el mundo se prepaa para reducir cada vez más su demanda. Por esta razón, el análisis no puede estancarse en argumentos inmediatos que ignoren un futuro no tan lejano.
El petróleo fue presentado a la ciudadanía como una fuente necesaria para abastecer necesidades y generar oportunidades. Sin embargo, varias de esas necesidades no han sido satisfechas a lo largo del tiempo transcurrido. Por tanto, no es extraño que surja la inquietud de apostar por el desarrollo de otra industria.
Frente a los argumentos económicos, Yasunidos sostiene que el valor real de las ganancias del Yasuní ITT es considerablemente bajo -alrededor de 30 millones anuales-, lo que representa menos de una quinta parte de lo calculado por Petroecuador. Según ellos, las proyecciones actuales de las ganancias de la explotación de dicho sector se basan en un precio inflado del petróleo que no coincide con los precios reales del mercado.
Independientemente de la decisión a la que se llegue, los ecuatorianos finalmente participarán en la primer consulta popular a nivel nacional promovida desde la ciudadanía, un hito democrático para el país luego de diez años de lucha.