Como comentamos previamente, la República Árabe de Egipto es el segundo deudor más grande del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la República Argentina. El gigante africano le debe al Fondo, aproximadamente, unos 13.000 millones de dólares.
La deuda actual se remonta al año 2016, cuando el gigante africano acordó con el organismo un préstamo por 12.000 millones de dólares y un programa de reformas económicas, con un plazo de tres años. El préstamo inicial se renegoció y se amplió hasta alcanzar un total de 23.000 millones de dólares. El último desembolso, que tuvo lugar en octubre del 2022, fue un crédito de emergencia por 3.000 millones de dólares, destinado a financiar «políticas económicas integrales«.
En este contexto económicamente complejo, el Financial Times anunció que Egipto había procedido a la recaudación de 1,9 mil millones de dólares a través de la venta de activos estatales. De esta manera, “El Cairo actúa según los términos del FMI, considerados clave para desbloquear miles de millones de los estados del Golfo”.
Egipto se encuentra en una situación similar a la de Argentina, ya que ambos se enfrentan a una devaluación de la moneda nacional, una escasez de divisas y una inflación galopante. Además, ambos están fuertemente endeudados con el FMI, lo que genera una intromisión del organismo en la política económica como parte del acuerdo que hicieron los Estados con el Fondo. Es importante aclarar que Egipto, a pesar de tener los mismos inconvenientes, presenta números más leves en todos los ámbitos en comparación con Argentina.
La novedad es que Egipto decidió avanzar con una serie de privatizaciones con el objetivo de recaudar miles de millones de dólares que les permitan respaldar la libra egipcia, aumentar las reservas y renegociar la deuda con el fondo. Según el Financial Times, los activos estatales fueron vendidos a inversores egipcios y a un fondo de inversión de los Emiratos Árabes Unidos.
Adicionalmente, se incluyeron participaciones en compañías petroleras y hoteles históricos, estrategias que forman parte de un plan para recaudar fondos “mediante la privatización de 32 empresas estatales, una medida anunciada en febrero que se estancó debido a informes de desacuerdos con inversores del Golfo sobre el precio de los activos”.
En concreto, las privatizaciones incluyen:
- La venta de participaciones minoritarias en tres compañías petroleras y petroquímicas a ADQ, el fondo de inversión soberano de Abu Dhabi, por 800 millones de dólares.
- Una inversión de 700 millones de dólares en siete hoteles de prestigio por parte de Icon, una subsidiaria de Talaat Moustafa, un importante desarrollador inmobiliario egipcio.
- El estado también ha vendido su participación del 31 por ciento en EzzAldekhela Steel por 230 millones de dólares.
El anuncio de las privatizaciones se da en medio de una negociación con el FMI para destrabar un nuevo acuerdo por otros 3.000 millones de dólares, los cual el permitiría a Egipto “desbloquear miles de millones en inversiones, en su mayoría provenientes de los estados del Golfo, que se muestran cautelosos a la hora de invertir en Egipto antes de una reestructuración de la economía”.
Monica Malik, economista jefe del Abu Dhabi Commercial Bank, citada por el Financial Times, planteó que la venta de activos estatales es una señal positiva, pero probablemente insuficiente. En este sentido, afirmó que «se necesita más liquidez en moneda extranjera para satisfacer la demanda reprimida y abordar el atraso en las importaciones”, y mencionó que se necesitan aproximadamente entre 5.000 y 10.000 millones para eliminar el atraso y estabilizar la libra egipcia cuando ocurra otra devaluación.
El gigante africano fue duramente afectado por la guerra en Ucrania, puesto que la invasión ordenada por Vladimir Putin en febrero del año pasado hizo que los precios de los productos básicos se dispararan y llevó a los inversores extranjeros de deuda a retirar 20.000 millones del país en busca de seguridad financiera.
En síntesis, en una situación similar a la de Argentina, Egipto decidió vender activos estatales para reforzar su liquidez, adoptando la política recomendada con el FMI. Con estas privatizaciones, el país africano busca dar un mensaje de confianza al mercado y, particularmente, lograr la aprobación de un nuevo desembolso por parte del FMI.