Un artículo de LA NACIÓN arrojó cifras sobre los montos que la Argentina debe pagar como resultado de las numerosas demandas radicadas en tribunales del exterior en contra del Estado Argentino. Las causas van desde montos remanentes de deuda sin pagar, modificaciones en las regulaciones locales con el supuesto objetivo de sacar ventaja (como el caso cupón PBI), hasta incumplimientos de contratos y estatizaciones irregulares de empresas (caso YPF).

Según el pedido de acceso a la información pública solicitado por La Nación, hay en total 236 pleitos contra el Estado por diferentes tipos de incumplimientos. Se trata de una amenaza constante contra las cuentas públicas que los distintos gobiernos se van pasando de mano en mano mientras el problema adquiere cada vez mayor magnitud, convirtiéndose en un riesgo para las finanzas del país y un eventual obstáculo para el acceso al crédito internacional.

En cuanto a las cifras estimadas del total que la Argentina debe pagar, aquellas demandas en tribunales internacionales que ya tienen un monto fijado, suman alrededor de USD 27.000 millones. Sin embargo, este cálculo no contempla aquellos otros casos con montos indefinidos, por lo que la cifra podría ascender. El número mencionado representa más de la mitad del total que el Estado le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dicha cifra proviene de la sumatoria de las querellas en las que se encuentran trabajando la Procuración del Tesoro de la Nación y el Servicio Jurídico del Ministerio de Economía, más el juicio por la estatización de YPF. En cuanto a este último, la semana pasada la jueza a cargo del caso, Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, rechazó un pedido de revocatoria del fallo (el cual resuelve que Argentina le pague a los demandantes), y al país se le agotan las instancias de apelación, mientras que el monto a pagar es de USD 16.100 millones.

El informe solicitado por La Nación, arrojó que la Procuraduría del Tesoro se encuentra trabajando actualmente en 36 demandas contra el Estado, de las cuales 15 están radicadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 11 en Estados Unidos, 3 en el Reino Unido, 3 en la Cámara de Comercio Internacional (CCI), 2 en Francia, 1 en España y 1 en la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional.

Por su parte, el Servicio Jurídico de la cartera encabezada por Luis Caputo, se encuentra haciéndole frente a 200 demandas, de las cuales 106 están radicadas en Alemania, 88 en Estados Unidos, 1 en Italia, 1 en España y 1 en el CIADI. Entre estas hay incluso un pleito en yenes, por una demanda del banco más grande de Japón, que actualmente es uno de los tantos acreedores del Estado Nacional.