Chile vuelve a expulsar personas de otras nacionalidades de su territorio, y la suma de deportados alcanza un total de 411 en lo que va de este año. El Servicio Nacional de Migraciones de Chile (Sermig) concretó las recientes expulsiones el viernes 3 de mayo, e informó que, del total, 55 han sido expulsiones judiciales y 10 de tipo administrativo.
El gobierno de Gabriel Boric toma medidas contundentes para combatir la creciente inseguridad que azota al país. Es una buena noticia para los chilenos, teniendo en cuenta que la mayoría de expulsados por cuestiones judiciales contaban con antecedentes graves como: secuestro, amenazas, asociación ilícita, robo, tenencia de armas de fuego, entre otros. En cuanto a los expulsados por cuestiones administrativas, se ha dado a conocer que la causa fue el ingreso por paso no habilitado al país.
En un comunicado emitido por el Gobierno chileno, se especifica que la expulsión judicial es una “pena sustitutiva” para aquellos extranjeros que hayan sido condenados a penas inferiores a cinco años y un día, y que permanecen en el país privados de su libertad. No obstante, la expulsión puede ejecutarse únicamente cuando el tribunal haya dictado la sustitución de la pena tanto como un plazo para ejecutarla. A través de esta política, se procura que los criminales no sigan insertos en la sociedad chilena, y a su vez, que el Gobierno nacional no tenga que hacerse cargo de ellos.
Luis Eduardo Thayer, director del Sermig, declaró que: “Las personas que cometan delitos en nuestro país o que ingresen irregularmente serán expulsadas. Se trata de una minoría de extranjeros que residen en nuestro país, pero es una minoría que hace mucho daño.” A lo que agregó: “Trabajamos en hacer más eficaces los procesos de expulsión y mejorar la capacidad del Estado”.
Se observa un esfuerzo por parte del Gobierno de Chile para combatir el problema de la inseguridad, en conjunto con el de los inmigrantes irregulares, que se ha acrecentado en el último tiempo. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ha reportado el ingreso de 44.000 personas de forma irregular en el 2023.