Según informó el portavoz del presidente, el gobierno busca introducir una serie de modificaciones al régimen migratorio de la Argentina, para permitir el cobro de la atención médica a extranjeros en los hospitales públicos, y la implementación de un arancel dirigido a los estudiantes extranjeros no residentes.

De este modo, el Poder Ejecutivo intenta, por un lado, poner fin a la gratuidad de la atención médica a quienes no residen en el país, y por el otro, permitir que las universidades públicas tengan la opción de cobrar un monto a estudiantes extranjeros no residentes. Según sostuvo Adorni, esto último representaría una fuente de financiamiento para las casas de estudio, asegurando que en la carrera de medicina, uno de cada tres estudiantes es extranjero.

En cuanto al cobro de servicios de salud, el vocero señaló que los organismos nacionales, provinciales o municipales que tengan competencia en la materia, estarán encargados de determinar las condiciones de acceso al sistema de salud para los extranjeros que no residen en la República Argentina, a partir de lo cual surge la posibilidad de cobrar el servicio.

En esta línea, a comienzos de este año, el gobierno de Salta resolvió empezar a cobrar la atención a extranjeros en hospitales públicos, en el marco de una problemática de larga data en el norte argentino, la sobrecarga del sistema de salud. Luego de implementada la medida, los resultados fueron contundentes, ya que se redujo en un 95% la atención médica a extranjeros, disminución que se tradujo, según señaló Adorni, en un ahorro de 60 millones de pesos y en la mejora de los servicios de los hospitales.

La medida del gobierno salteño, no solo se habría visto reflejada en el sistema de salud provincial, sino también del otro lado de la frontera. En este sentido, según advirtieron numerosos medios en el mes de septiembre, autoridades del consulado de Bolivia en Argentina, le habrían planteado a funcionarios provinciales la posibilidad de revisar la medida y suscribir nuevos convenios, a lo que el gobierno salteño respondió asegurando que tal pedido no tenía ninguna chance de prosperar.

Según mencionó Infobae, esta situación habría tenido lugar en agosto, cuando la cónsul boliviana Felipa Huanca solicitó una reunión con Fabián Valenzuela, gerente del Hospital San Vicente de Paul, en Salta. Durante el encuentro, la representante diplomática de Bolivia le expresó al funcionario provincial que habían estado recibiendo «muchas quejas de parte de sus compatriotas«, y planteó la posibilidad de establecer un arancel diferencial para los bolivianos. Frente a este pedido, Valenzuela le dijo que una solicitud de esa naturaleza estaba fuera de lugar, y le recomendó a la Cónsul que dirija su reclamo hacia al gobierno boliviano.