La persistente situación de violencia generada por el crimen organizado transnacional en Latinoamérica ha sido motivo de creciente preocupación durante años. Países como México y Colombia han experimentado la vulneración de su soberanía y la perturbación de su paz interna, producto de grupos narcotraficantes que en ocasiones desafían el poder estatal.
Lamentablemente, América Latina se ha convertido en un epicentro de los mercados ilícitos a nivel mundial, liderando el comercio global de cocaína, cuyo cultivo se concentra principalmente en Colombia, Perú y Bolivia. Además, se ha observado un notable incremento en el tráfico de drogas sintéticas y delitos ambientales. Los flujos financieros derivados del narcotráfico movilizan millones de dólares anualmente, y el tráfico de armas también es una realidad latente en la región.
Esta problemática se ha evidenciado claramente con los recientes eventos de violencia y desorden social en Ecuador, donde un grupo de delincuentes secuestró a periodistas y trabajadores penitenciarios, desencadenando una situación caótica en las calles. Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno y ha declarado a 22 grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas.
Cuatro de los países más afectados por esta problemática son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos ellos integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ya sea como países productores, consumidores o de tránsito, las graves consecuencias del crimen organizado son innegables en esta región.
Ante el creciente avance del narcotráfico, el pasado 21 de enero la CAN presentó un plan de acción para combatir las organizaciones criminales operando en sus países, conocido como el Plan de Acción Resolutiva (PAR). Este plan destaca por la creación de la primera Red Andina de Seguridad (RAS), que permitirá una comunicación inmediata las 24 horas entre los países miembros, con el propósito de reforzar la vigilancia fronteriza y aduanera.
Esta decisión se ha tomado durante la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores junto con los ministros responsables de seguridad de cada país, convocada tras los trágicos sucesos de Ecuador.
Además de la RAS, se han abordado diversos puntos, entre los que se incluyen acciones en las fronteras, la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas. Asimismo, se establecerá un observatorio regional encargado de analizar los datos existentes sobre el crimen organizado en la región, fortaleciendo así los esfuerzos conjuntos para abordar esta problemática de manera más efectiva.
A través de su cuenta de X, la cancillería de Ecuador agradeció por los esfuerzos realizados en el complejo contexto que vive.
Lo acontecido en Ecuador ha llamado la atención de Estados Unidos. Por esto, en los últimos días se han mantenido reuniones entre Christopher Dodd, asesor especial de Biden para las Américas, y Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, con autoridades del gobierno ecuatoriano, entre los que se encuentran el presidente Daniel Noboa.
Esto ha tenido como consecuencia un plan de seguridad conjunto con una duración de cinco años con base en la cooperación marítima.
La situación en Latinoamérica en relación al narcotráfico es de las más delicadas en el mundo, y por esto mismo es que requiere medidas y acciones conjuntas y urgentes. El tiempo dirá si la RAS es efectiva. Esperamos que lo sea, por el bien de nuestra población.