El último sábado se vivió de forma caótica en Washington D.C. A las 21:00, hora local, horas antes de que inicie el nuevo año fiscal, el Senado voto para aprobar la resolución que establece un presupuesto de corto plazo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó luego el proyecto que extiende por 45 días el plazo para negociar un presupuesto anual y evita un nuevo «shutdown» del gobierno. Más temprano, la Cámara de Representantes había aprobado la medida por 335 votos contra 91.

El llamado cierre del gobierno, o cierre de la administración según una traducción más adecuada, ocurre en Estados Unidos cuando se inicia un nuevo año fiscal, estipulado para el 1 de octubre, sin que se haya aprobado un presupuesto para el gobierno federal.

Durante el tiempo que se tarda en negociar un nuevo presupuesto, el gobierno federal suspende la prestación de los servicios públicos considerados no esenciales, como parques y monumentos nacionales, oficinas de pasaportes, registros de armas y escuelas y servicios públicos de la ciudad de Washington D.C., entre otros. Las empresas estrechamente relacionadas con el gobierno federal, como los contratistas federales o los servicios turísticos alrededor de los parques nacionales, también podrían sufrir interrupciones. 

Por su parte, siguen activos militares en servicio, agentes federales de seguridad, médicos y enfermeras que trabajan en hospitales federales, controladores de tráfico aéreo y agentes del servicio postal. Los miembros del Congreso y de la Corte Suprema tienen prerrogativas que impiden la alteración de sus remuneraciones sin una ley específica. 

Así, mientras dura el cierre de la administración, se retrasa el pago de salarios a alrededor de 1.300.000 trabajadores y se suspenden de sus funciones a otros 800.000 empleados públicos. Según una ley de 2019, esos trabajadores recibirán pagos atrasados una vez que se resuelva el estancamiento de la financiación.

Goldman Sachs calcula que, por cada semana que dura el cierre del gobierno, el crecimiento se reduce entre 0,1% y 0,2% del PBI. Además, críticos señalan que cualquier interrupción en los servicios gubernamentales tendría impactos de largo alcance ya que socavan la confianza en el gobierno para cumplir con sus deberes básicos.

El presupuesto de corto plazo fue elaborado a lo largo de 71 páginas por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California. Este presupuesto, que da tiempo a la negociación hasta el 17 de noviembre, es bastante limitado y asigna fondos de ayuda en casos de desastre, pero no incluye nueva asistencia financiera para Ucrania.

Debemos tener en cuenta que, hasta ahora, Estados Unidos ha enviado 43.000 millones en asistencia de seguridad a Kiev, algo que ha despertado fuertes oposiciones entre los congresistas más conservadores en lo fiscal.

“Hace apenas unos meses, el presidente McCarthy y yo llegamos a un acuerdo presupuestario para evitar precisamente este tipo de crisis fabricada. Durante semanas, los republicanos extremistas de la Cámara intentaron alejarse de ese acuerdo exigiendo recortes drásticos que habrían sido devastadores para millones de estadounidenses”, dijo el presidente Biden. “Fracasaron«, añadió.

Aproximadamente, dos tercios del gasto federal son obligatorios y están dedicados a programas de prestaciones sociales, pero el gasto discrecional requiere autorización anual. En teoría, el proceso es sencillo. Son 12 las asignaciones que se votan, juntas o por separado, para las diferente áreas del gobierno. El presidente propone un presupuesto, el Congreso lo aprueba y la legislación se convierte en ley antes del nuevo año fiscal. En la práctica, el Congreso ha cumplido este plazo sólo tres veces en el último medio siglo, y es común realizar extensiones como la recientemente aprobada, que establecen presupuestos a corto plazo. 

Con un demócrata en la Casa Blanca, los republicanos han recuperado el interés en reducir el gasto federal, algo que durante la administración Trump no había ocurrido. La tensión actual es el resultado de una minoría de miembros republicanos conservadores de línea dura del Congreso que exigen profundos recortes del gasto que los centristas de su propio partido y los demócratas no apoyarían.

Algunos programas federales tienen fondos de contingencia que pueden cubrir los pagos por un tiempo, pero los cierres del gobierno tienen una duración incierta. El cierre gubernamental más largo ocurrió entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso entraron en un enfrentamiento por su demanda de financiación para un muro fronterizo. La interrupción duró 35 días, pero el cierre fue sólo parcial, ya que el Congreso había aprobado algunos proyectos de ley de asignaciones para financiar partes del gobierno.

El mecanismo de shutdown surgió en 1980 cuando el fiscal general bajo la administración del presidente Jimmy Carter emitió una interpretación estricta de la Ley Antideficiencia de 1884. Cabe recordarse que la ley de gastos del siglo XIX prohibía al gobierno celebrar contratos sin la aprobación del Congreso. Así, durante casi un siglo, si había un déficit en los presupuestos, el gobierno permitía que continuase el gasto necesario. Sin embargo, después de 1980, el gobierno adoptó una postura mucho más estricta: sin presupuesto, sin gasto.

El primer cierre de Estados Unidos se produjo poco después, en 1981, cuando el presidente Ronald Reagan vetó un proyecto de ley de financiación. Desde entonces, ha habido al menos otros 10 que provocaron una interrupción de los servicios,. El último, del 21 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, fue el más largo registrado.