El pasado viernes 4 de agosto, Barbara Feinstein, subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Caribe y Haití, anunció que Estados Unidos está dispuesto a presentar un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de cual ostenta la presidencia durante este mes, con el fin de autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Haití.
“Tenemos la intención de apoyar con firmeza una iniciativa de este tipo como hemos dejado claro a nuestros socios«, aseguró Feinstein; quien también señaló que «haremos todo lo que esté en nuestras manos para apoyar ese proceso y garantizar la rápida aprobación de esa resolución«.
La fuerza multinacional, que tiene como propósito detener la violencia y abordar la crisis humanitaria, sería dirigida por Kenia, decisión que fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, quien anunció que su gobierno ha “aceptado considerar favorablemente” la idea de liderar una fuerza en Haití y enviar a 1.000 agentes policiales para capacitar a la Policía Nacional haitiana, con el objetivo de «restaurar la normalidad en el país y proteger las instalaciones estratégicas«.
La fuerza se desplegará una vez que se obtenga el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y se lleven a cabo otros procesos constitucionales de Kenia, dijo Mutua. Kenia realizará una misión de evaluación a través de un equipo operacional de la Policía en la capital haitiana, la cual está pautada para la semana del 19 de agosto. Cabe resaltar que Haití acogerá «con beneplácito» esta primera misión, señaló el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití.
En cuanto a Estados Unidos, aún no ha especificado su contribución concreta a la fuerza internacional, ya que está a la espera tanto de la aprobación del Consejo de Seguridad como de los resultados de la misión de evaluación. No obstante, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, confirmó que la resolución será presentada en el Consejo de Seguridad en colaboración con la República del Ecuador.
Estas acciones responden a una solicitud que ha sido reiterada infructuosamente durante nueve meses tanto por el primer ministro haitiano, Ariel Henry, como por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Durante su visita a Puerto Príncipe el mes pasado, Guterres enfatizó que «la población haitiana está atrapada en una pesadilla» y convocó a la comunidad internacional a desplegar «una sólida fuerza de seguridad» que colabore con la policía haitiana para «desmantelar» las pandillas criminales.
Sin embargo, cabe resaltar que, antes de la llegada de Kenia, existían varias preocupaciones en torno a la situación, lo que supo plantear un desafío para conseguir una nación líder que encabece la fuerza multinacional. Varios países estaban dispuestos a contribuir, pero se mostraban algo reticentes a la idea de intervenir en un país con un gobierno provisional no electo y una crisis de múltiples dimensiones.
La representante especial de las Naciones Unidas para Haití, María Isabel Salvador, señaló que «la aparición de grupos autoproclamados justicieros agrega un nuevo nivel de complejidad«. Desde abril, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ha registrado al menos 264 presuntos miembros de pandillas muertos a manos de estos grupos.
Además, la historia de las intervenciones internacionales en Haití agrega una sensibilidad adicional al despliegue, lo que convierte a la rendición de cuentas en un tema importante de debate actual en relación con la operación. Algunas organizaciones de derechos humanos, actores internacionales y grupos de haitianos siguen oponiéndose a la presencia de fuerzas armadas extranjeras debido a las consecuencias que intervenciones previas de las Naciones Unidas, Estados Unidos y otros países han tenido en el país.