Esta semana tuvo lugar un nuevo episodio en la serie de acontecimientos que se desencadenó en octube, cuando la fiscal de la región de Tarija emitió una orden de aprehensión en contra de Evo Morales bajo acusaciones de abuso sexual y trata de personas. En aquella ocasión, la orden fue anulada por el fiscal general y se trató de desplazar de su cargo a la fiscal Sandra Gutiérrez, quien ordenó inicialmente la detención del exmandatario.

Tras la polémica generada, Evo Morales convocó a sus seguidores para presionar al gobierno e impedir su captura, dando lugar a un enfrentamiento entre el oficialismo y los movimientos sociales e indígenas. Estos últimos adoptaron medidas de fuerza y comenzaron a bloquear rutas, impidiendo la libre circulación de bienes de consumo y paralizando durante casi un mes la economía del país, mientras Evo Morales permanecía atrincherado en Cochabamba.

Este lunes el conflicto se reavivó, luego de que la Fiscalía de Bolivia anunciara que fue presentada una nueva orden de aprehensión contra el expresidente, a raíz de la cual se pedirá la detención preventiva por un plazo de seis meses, en el marco de la investigación por los delitos de estupro y trata de personas. Róger Mariaca, fiscal general del Estado boliviano, declaró durante la noche de ayer que «se está solicitando la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública».

Este martes, la fiscal Sandra Gutiérrez, quien lleva adelante la causa, señaló que se presentó una imputación formal contra Evo Morales y la señora Idelsa Pozo Saavedra, identificada como la madre de la presunta víctima, por el delito de trata de personas agravado. Según informó la fiscal, los padres de la víctima habrían lucrado a costa la joven a cambio de recibir favores por parte del exmandatario.