La Justicia francesa ha emitido órdenes de arresto contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, su hermano Maher al-Assad y otros dos altos funcionarios de su gobierno por el uso de armas químicas prohibidas contra civiles en Siria, afirmó el miércoles una fuente judicial.
Las órdenes de arresto acusan a Bashar al-Assad, a su hermano Maher y a los generales militares Ghassan Abbas y Bassam al-Hassan de complicidad en crímenes contra la humanidad y complicidad en crímenes de guerra, según una fuente judicial citada por la agencia de noticias Reuters el miércoles y abogados que representan a víctimas sirias.
Maher al-Assad dirige una unidad militar de élite siria -la 4ª División Blindada-, mientras que Ghassan Abbas y Bassam al-Hassan trabajan con una agencia de investigación siria acusada de desarrollar armas químicas, según el grupo de defensa de los derechos humanos Civil Rights Defenders.
Las órdenes de arresto emitidas el miércoles son el último paso de una investigación criminal sobre los ataques con armas químicas en la ciudad de Duma y el distrito de Guta Oriental en agosto de 2013, los cuales se cobraron la vida de más de 1.000 personas.
Cabe resaltarse que se trata de la primera orden de arresto internacional emitida contra el jefe de Estado sirio, cuyo país cayó preso de una guerra civil que se ha cobrado la vida de más de medio millón de personas a finales de 2011, cuando las fuerzas leales al gobierno reprimieron violentamente las protestas que se habían producido en las calles sirias en el marco de la Primavera Árabe.
Asimismo, se trata de las primeras órdenes de arresto internacionales que se han emitido por el ataque con armas químicas en Ghouta, dijo Mazen Darwish, abogado y fundador del Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión (SCM, por sus siglas en inglés), que presentó el caso en Francia.
Si bien el gobierno de Bashar al-Assad ha negado el uso de armas químicas, una investigación conjunta de las Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)ha demostrado que el gobierno sirio usó gas sarín en un ataque en abril de 2017, además de haber recurrido en repetidas ocasiones al cloro como arma.
Es menester señalar que Siria como Estado se unió, en 2013, al organismo de control de la OPAQ y renunciar a todas sus armas químicas. Desde entonces, la OPAQ ha culpado a Damasco de una serie de ataques químicos durante la guerra civil, acusaciones que el gobierno sirio ha negado sistemática y categóricamente.
«El presidente es responsable de muchos crímenes en Siria, pero con este tipo de arma en particular, el gas sarín, es imposible saltar la brecha (de su participación)«, dijo Darwish a Reuters, señalando que la aprobación del presidente como comandante de las fuerzas armadas sería obligatoria en el uso de este tipo de armamento prohibido.
Tambié, Darwish expresó que la decisión es «una victoria para las víctimas, sus familias y los sobrevivientes» del ataque químico de 2013, además de constituir un paso hacia «la justicia y la paz sostenible en Siria«.
«Es un gran avance. Una jurisdicción independiente está reconociendo que el ataque químico no podría haber ocurrido sin el conocimiento del presidente sirio, que tiene responsabilidad y debe rendir cuentas«, dijo Darwish.
Recordemos que los jueces de la unidad de crímenes de lesa humanidad del Tribunal de París han emitido órdenes de arresto por crímenes cometidos por funcionarios sirios desde 2011.
Las órdenes de arresto contra jefes de Estado en ejercicio son raras porque generalmente gozan de inviolabilidad de su persona e inmunidad de jurisdicción penal según el derecho internacional. Sin embargo, existen excepciones cuando un jefe de Estado es acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad o genocidio.
En este sentido, la Corte Penal Internacional tiene actualmente dos órdenes de arresto contra jefes de Estado, una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y otra contra el expresidente sudanés, Omar al-Bashir.