El gobierno chileno anunció que expulsará a los inmigrantes que no hayan proporcionado sus datos en un registro biométrico voluntario. El presidente Gabriel Boric fue contundente con sus declaraciones y aseguró: “A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar”. Así lo dijo durante una ceremonia donde presentó un plan de fortalecimiento para el control territorial.
Este año, el gobierno de Chile promovió un plan de registro biométrico donde logró almacenar datos de hasta 127.000 personas. La iniciativa se fundó en corregir la falta de información acerca de la identidad de los extranjeros que han ingresado de forma irregular a Chile durante los últimos cinco años, en su mayoría provenientes de Venezuela.
Estas medidas actúan como respuesta a los índices de inseguridad crecientes y los datos récord de percepción de inseguridad pública entre los chilenos. El presidente ordenó a las autoridades policiales detener y expulsar dentro de un período de cinco días a los inmigrantes irregulares con órdenes de detención pendientes.
El mandatario también sostuvo que: “Respecto a los extranjeros que estén en situación irregular y que no hayan completado en registro voluntario, aunque no tengan una orden de detención en su contra, se emitirá una orden de expulsión”
Luego de una serie de casos policiales que han tenido a extranjeros como protagonistas, el tema ha pasado al centro de la discusión en la política del país. Incluso la oposición amenazó con iniciar un juicio político contra la ministra de Seguridad, Carolina Tohá, si no se concreta la expulsión de 12.000 inmigrantes ilegales antes de fin de año.
Es desde el año 2017 que Chile experimenta aumentos exponenciales en la llegada de migrantes, pero el caso de los venezolanos destaca más. Según estimaciones oficiales, de los 1,7 millones de extranjeros que han llegado a Chile en los últimos años, casi el 50% son venezolanos, lo que es entendible debido al éxodo masivo de personas de Venezuela intentando escapar del régimen autoritario de Nicolás Maduro.