El martes 18 de abril el Parlamento Europeo aprobó el paquete conocido como “Fit for 55”, clave en lo que será la política climática europea por al menos lo que resta de esta década.
El objetivo es lograr para el año 2030 reducir en un 55% las emisiones respecto a lo registrado en 1990, y para el año 2050 alcanzar la neutralidad de carbono. Sin embargo, estas disposiciones no están libres de polémica y hay preocupación acerca de como pueden influir en los, ya elevados, precios de la energía y la calefacción.
Este paquete ha dado de qué hablar desde que se inició el proceso para implementarlo en 2021, cuando la Comisión Europea presentó el proyecto y se lo envió al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento. Luego de que se iniciaron largas discusiones durante todo el 2022 entre los ministros de ambiente, finanzas, energía, transporte y economía de los 27 países miembros de la Unión en el marco del Consejo de la UE, en diciembre se llegó a un acuerdo preliminar entre el Parlamento y el Consejo, acuerdo que ahora fue ratificado por el Parlamento. Solo resta la ratificación del Consejo y estas medidas entrarán en vigor.
Una de las claves del paquete es la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones, o ETS por sus siglas en inglés, mecanismo por el cuál se fija un tope a las emisiones de industrias intensivas en energía y del sector energético, y a la vez se instaura un mercado de certificados de emisiones que las empresas pueden comprar e intercambiar para tener permitido emitir gases de efecto invernadero.
Hasta ahora los sectores a los que afecta este sistema, implementado en 2005, son responsables del 40% de las emisiones de carbono. La reforma aprobada este martes busca ampliarlo al transporte marítimo y a la aviación internacional, además de reducir progresivamente los certificados de emisión gratuitos que se les otorgan a algunas industrias para que puedan competir en el mercado internacional.
Con estos ingresos extra se aumentarán los fondos para la modernización e innovación en producción de energía sostenible, captura de CO2 y ahorro de energía. Hoy en día el precio del permiso para emitir una tonelada de CO2 es aproximadamente de 90 euros.
Por otro lado, el “Fit for 55” prevé la creación para el año 2027 de un nuevo ETS destinado a las industrias de la construcción y los combustibles para transporte terrestre y calefacción. Este es el punto más controvertido de todo el paquete, ya que en la práctica funcionará como un nuevo impuesto que se trasladará a los precios.
Los miembros del parlamento se mostraron preocupados por cómo podría reaccionar la población, que el año pasado ya se vio afectada por gran aumento de precios provocado por la guerra en Ucrania y las sanciones al comercio de gas ruso. Ejemplificando sus preocupaciones, parlamentarios franceses recordaron las inesperadas y desastrosas protestas de los chalecos amarillos en 2018 que se desataron por el aumento de precios de los combustibles causado por un impuesto al carbono.
Para paliar las consecuencias que esta medida puede tener se incluyó en el paquete la creación de un Fondo Climático Social, de 86.700 millones de euros, destinado a reducir el efecto del aumento de precios en hogares vulnerables. Este fondo se nutrirá de los ingresos producidos por la venta de los mismos permisos de emisión de carbono que se buscan implementar. Además, se pondrán precios tope a cada producto afectado a partir del cual se dejará de exigir el pago de permisos.
Para asegurarse de que las empresas no eviten estas imposiciones llevando la producción afuera o importando los productos afectados desde el exterior de la UE se implementará el Mecanismo Fronterizo de Ajuste de Carbón o CBAM, que consiste en un gravamen a la importación al territorio de la UE de bienes intensivos en carbono. Los productos afectados si se ratifica el paquete serán inicialmente: cemento; aluminio; fertilizantes; hierro; acero; energía y electricidad.
Otras medidas que forman parte del paquete son: regulaciones más estrictas sobre el uso del suelo y la protección de los bosques como sumideros de CO2 ; programas de incentivo para el ahorro de energía, especialmente en la construcción de edificios sustentables; el aumento de la infraestructura para vehículos eléctricos; la implementación de un pequeño porcentaje de biocombustible de alto rendimiento que deberá mezclarse con los combustibles aeronáuticos y la actualización en la regulación acerca del máximo de emisiones permitidas para nuevos modelos de vehículos.