El pasado martes 18 de abril, ocho sedes de Greenpeace, además de otras organizaciones como ClientEarth, WWF, T&E y BUND, iniciaron una acción conjunta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se invalide la reforma de la taxonomía.
Los ecologistas argumentan que catalogar a la energía nuclear y al gas fósil como sostenibles viola la Ley Climática Europea, los compromisos del bloque en el Acuerdo de París e incluso la misma legislación por la cuál la taxonomía fue introducida.
La Regulación de Taxonomía Europea es un sistema de clasificación creado en 2020 para guiar a empresas, inversores y tomadores de decisiones sobre qué productos financieros son sustentables. Su objetivo principal es dirigir inversiones hacia actividades que la Unión Europea (UE) considera “verdes”.
En sus inicios, el gas y la energía nuclear no se encontraban dentro del catálogo. La reforma se propuso a través de un acto delegado de la Comisión Europea a comienzos de 2022 y entró en vigor este año.
La decisión inicial de la Comisión fue aprobada el 6 de julio del año pasado en un plenario del Parlamento de la Unión Europea en el que 278 legisladores votaron para bloquear la reforma mientras que 328 votaron a favor de su entrada en vigor. Adicionalmente, 33 se abstuvieron.
La medida también fue aprobada en el Consejo de la UE, que representa a los países miembro, apoyada fuertemente por Francia, cuya matriz energética está compuesta en más del 70% por energía nuclear, y Alemania, que, si bien cerró hace una semana sus últimas centrales nucleares, depende cada vez más de las energías fósiles, además de contar con el apoyo de los países nórdicos y de Europa oriental.
En contra de la reforma se manifestaron países como España, Austria, Luxemburgo y Dinamarca. Sin embargo, a pesar de los ocho votos en contra, no lograron juntar la mayoría para vetar la medida.
Los ecologistas ya habían enviado el 8 de septiembre una “solicitud formal de revisión interna” a la Comisión, pero esta fue rechazada en febrero. Uno de los puntos que resaltan estas organizaciones en la presente demanda es que según el reglamento de la taxonomía el criterio para la clasificación debe estar basado en información científica y no de acuerdo con motivaciones políticas como, según ellos, esta reforma fue introducida.
La reforma cataloga como verde solo las inversiones en centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y a las plantas de gas que emiten menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio/hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil. La Comisión sostiene que tales inversiones son necesarias para lograr una transición energética viable hacia un futuro dominado por las energías renovables.
Sebastien Godinot, economista en la Oficina Europea de la WWF, señaló en una entrevista a Euronews que “la UE está sacrificando su liderazgo en taxonomías y finanzas sustentables debido a compromisos políticos. Es algo muy contraproducente y envía una señal desastrosa a nivel global”.
En la entrevista dio ejemplos de otras taxonomías globales y comentó que la china, la sudafricana y la colombiana son más ambiciosas en algunos puntos, como en el tema del gas. Europa ha sido el líder histórico en la promoción de energías renovables pero, desde el inicio de la guerra en Ucrania y las sanciones al gas ruso, países como Alemania han vuelto a fuentes altamente contaminantes como el carbón.