El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue condenado y arrestado esta semana por un caso de corrupción en relación a la venta de regalos de Estado que había recibido como jefe de gobierno. Según el protocolo oficial, estos debían ser guardados en una residencia oficial. No obstante ello, según dictaminó la justicia, Khan los vendió buscando un beneficio económico personal.
Además de una condena de tres años a prisión, Khan se enfrenta a una prohibición de ejercer cargos públicos y participar en política por cinco años. Esta decisión, dictaminada por la Comisión Electoral de Pakistán (CEP) en un comunicado oficial publicado el día martes 8 de agosto, se soporta en la legislación interna pakistaní, que prevé que ninguna persona sentenciado puede presentarse a ningún cargo público electivo.
Uno de los allegados a Khan, Zulfikar Bukhari, habló con Reuters y declaró que el partido del ex primer ministro de 2018 a 2022, Movimiento por la Justicia, desafiará la decisión. «Sabíamos que esto era inevitable. Estamos muy seguros de que se revertirá«, señaló Bukhari. Además, el equipo legal de Khan apeló la decisión de la sentencia por corrupción de la Corte de Islamabad.
Según Khan y parte de su equipo legal la sentencia «sin autoridad legal, contaminada con parcialidad«. Además, reclaman que la audiencia que no fue adecuada y que la corte rechazó una lista de testigos para la defensa tan solo un día antes del veredicto. «Burda parodia de la justicia y una bofetada al debido proceso y juicio justo«, alegan.
Es importante resaltar que se trata del segundo arresto de Khan en lo que va del año, luego de su destitución como primer ministro el pasado año tras un voto de censura. En mayo de este año, el líder político pakistaní fue arrestado y detenido durante varios días por un caso diferente, pero que generó una crisis en las calles, que vivenció enfrentamientos entre sus seguidores y las fuerzas de seguridad, además de que varias instalaciones militares fueron atacadas.