Miembros de la comunidad Ava Guaraní y productores agrícolas de la zona del Río Grande de Tarija, en la frontera con Bolivia, denuncian que productores de la región de Bermejo (del lado boliviano) cruzan ilegalmente para usurpar terrenos donde se cosecha caña de azúcar, que posteriormente contrabandean a su país.
Según señalaron medios de Salta, ya son más de 150.000 las toneladas de caña de azúcar que fueron contrabandeadas a Bolivia, luego de ingresar ilegalmente a territorio argentino y usurpar terrenos pertenecientes al pueblo originario Ava Guaraní, cuyos miembros son corridos y amenazados por quienes invaden la jurisdicción nacional.
A pesar de las reiteradas denuncias, los salteños afirman que hay una falta total de controles por parte del Estado argentino, así como respuestas a las usurpaciones que se llevan a cabo de manera impune.
El jueves pasado, el diario local El Tribuno, informó que una denuncia presentada a la Fiscalía de Orán (ciudad del norte de Salta) advierte que los productores bermejeños (bolivianos) ya desmontaron 2500 hectáreas de selva en la localidad salteña de General Mosconi.
Asimismo, pobladores de la zona aseguraron que si las Fuerzas de Seguridad no intervienen a tiempo se van a encontrar con tierra arrasada en las plantaciones de caña de azúcar.
La cabeza de esta invasión a territorio argentino sería el ciudadano boliviano Horacio Cruz Castro, quien en 2021 promovió una denuncia penal contra pueblos originarios de General Mosconi (Argentina) en una fiscalía de Tarija (Bolivia), por “turbaciones” en la zona que él llamó “Valle Dorado”. No obstante la denuncia fue desestimada ya que tanto la fiscalía como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia señalaron que no existe un predio con ese nombre y las coordenadas referidas se encuentran en territorio argentino.
De esta forma, la Cancillería boliviana admitió en un informe la violación del territorio argentino, aunque no hizo nada al respecto.
En la zona hay tres localidades que no tienen conexión terrestre con el resto de la Argentina, por lo cual el acceso es a través de territorio boliviano, teniendo que salir de la jurisdicción nacional para luego volver a ingresar. Y como si fuera poco, en las áreas fluviales (ríos), no hay presencia de Prefectura, y como no hay control fronterizo, los bolivianos cruzan sin inconveniente para sembrar del lado argentino, que debido al cauce del río suele tener los suelos más fértiles.
El problema viene de hace años pero cobró trascendencia en los últimos días debido a imágenes que se viralizaron en las redes en las que se observa a individuos de nacionalidad boliviana reivindicando como propios terrenos del lado argentino.
Narcotráfico y corrupción de la justicia
Un factor importante a tener en cuenta, es la corrupción que prolifera en la zona, que infecta a la justicia y va de la mano con el narcotráfico. De esta manera, el abordaje del problema tiene que apuntar en esa dirección.
En esta línea, en el año 2019 fue condenado a trece años de prisión el exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, acusado de favorecer a narcotraficantes a cambio de dinero. Asimismo, en septiembre de este año, Claudio Parisi, juez de la misma ciudad, fue suspendido bajo las mismas acusaciones que Reynoso.
De este modo, la ausencia de las fuerzas de seguridad, sumada a la corrupción de la justicia convierten a las localidades fronterizas en zona liberada para narcos y contrabandistas.
En enero de este año, cinco militares bolivianos fueron quemados vivos dentro de un automóvil por miembros de una organización criminal que opera en la frontera, demostrando que la usurpación de territorio y el contrabando son solo una parte de un problema mucho más grande, la ausencia total del Estado en el lugar.
Gendarmería se hace presente en la zona
Luego del que el caso cobrara trascendencia en redes sociales, la Ministra de Seguridad, afirmó que enviaría a la Gendarmería Nacional a “comprobar si esto está pasando”. De este modo, el viernes la gendarmería se hizo presente en el lugar.
Que quede claro: incautaremos las plantaciones ilegales, expulsaremos a los invasores y bloquearemos el ingreso de quienes no tengan residencia. La GNA ya inspeccionó y delimitó la zona con GPS tras la denuncia recibida. Ahora, con la causa judicializada, avanzaremos.