El gabinete italiano, al mando de la conservadora primer ministra Giorgia Meloni, anunció el martes 11 de abril el estado de emergencia tras un aumento significativo del número de inmigrantes que arriban a la costa sur del país. Este número ha alcanzado las 31.000 personas, casi cuadruplicando el número de 7.900 registrado en este mismo periodo el año pasado, según datos del Ministerio del Interior.
La agencia de noticias italiana ANSA reportó que sólo en los dos días del fin de semana de Pascuas llegaron unos 2000 inmigrantes, todos en precarios barcos pesqueros con alrededor de 500 personas cada uno. Hay que tener en cuenta que estos números tenderán a aumentar con la llegada del verano boreal y la mejora en las condiciones climáticas, algo clave para realizar la peligrosa travesía desde el norte de África.
“Que quede claro, no estamos resolviendo el problema; la solución solo puede depender de la intervención responsable de la Unión Europea”, dijo el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci. Esta decisión es necesaria para reducir la congestión en los refugios para migrantes que se encuentran sobrepasados.
La medida viene acompañada de un desembolso inicial de cinco millones de euros destinados a mejorar la infraestructura tanto de refugio como de procesamiento y repatriación de migrantes, especialmente en las regiones del sur de Italia como Sicilia, Calabria, Campania y Apulia.
Organismos no gubernamentales como Sea Watch se han mostrado preocupados por la posibilidad que el estado de emergencia brinda para realizar expulsiones sumarias de refugiados o migrantes en busca de asilo. Además, la Coalición Italiana por la Libertad y los Derechos Civiles (CILD) ha reportado violaciones de derechos humanos en los Centros de Repatriación donde los migrantes ilegales esperan a ser deportados.
La última vez que Italia declaró el estado de emergencia fue en 2020 por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, ya lo había hecho por problemas migratorios en 2011, durante el gobierno de Silvio Berlusconi, cuando se alcanzó el pico de la crisis migratoria motivada por el estallido de la Revolución tunecina.
«No creo que esto sea un problema de violación de los derechos humanos. Hay una distinción entre las personas que llegan de países como Afganistán y Eritrea, donde hay una violación muy grave de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esas personas tienen derechos de protección y asilo” (Ferdinando Feroci en una entrevista con Al Jazeera).
“Pero la mayoría que llega a las costas del sur de Italia son inmigrantes económicos. Entonces hay un problema de tratar de gestionar la recepción de estos migrantes, que el esquema de emergencia busca abordar” agregó en la entrevista.
Para encontrar un precedente similar hay que volver a 2016, año en el que inmigraron 180.000 personas desde África. Al igual que en ese momento, uno de los puntos más calientes es la pequeña isla de Lampedusa, de apenas 20 km2, donde llegan aproximadamente dos tercios de los inmigrantes, ya que solo la separan de Túnez 113 km.
El hacinamiento en el Centro de Recepción de Inmigrantes de Lampedusa es preocupante, pues, si bien está construido para albergar unas 350 personas, en la práctica habitan transitoriamente en él cerca de 2000. La tarea de la Guardia Costera Italiana, que debe transportar constantemente a los migrantes hacia el continente, se dificulta con el enorme flujo actual, el cual está ligado a las buenas condiciones climáticas y a la disponibilidad de plazas en otros centros del sur.
Según Meloni, el objetivo de las deportaciones es desincentivar los cruces y evitar tragedias, tal como la ocurrida en las costas de la nombrada isla en 2013, que dejó un saldo de 360 muertos, o la reciente tragedia de Cutro, ocurrida en febrero de este año, en la que murieron alrededor de 90 personas.
El aumento de los flujos migratorios desde el norte de África se suma a la llegada de 120.000 exiliados ucranianos que llegaron a Italia huyendo de la guerra en los primeros tres meses de 2022, siendo Italia el principal destino fuera de Europa del Este.