Desde el 24 de mayo del 2021, Guillermo Lasso Mendoza es el presidente de la República del Ecuador. Atravesando la mitad de su gestión y habiendo pasado por intentos de destitución y revocatoria, Lasso está siendo sometido a un nuevo intento de término de mandato de forma anticipada con tan solo 22 meses de gobierno.
El pasado lunes 17 de abril concluyeron los 10 días que el Primer Mandatario ecuatoriano tenía para proporcionar las pruebas pertinentes para su defensa ante juicio político, el primero en su índole desde 1979, año del retorno a la democracia en el Ecuador.
¿Cómo inició el proceso de juicio político?
El 9 de enero del presente año, el medio digital ecuatoriano “La Posta” lanzó al aire la investigación “El Gran Padrino”, la cual prometía desenmascarar un presunto caso de corrupción en el Gobierno. El protagonista – o el Gran Padrino – sería, según este medio, el empresario Danilo Carrera Drouet, quién además es cuñado del presidente. Si bien Carrera no es funcionario público, ni ocupa u ocupó algún cargo en el Gobierno, La Posta asegura que no solo no está exento de ser parte de este esquema, sino que es uno de los principales actores detrás de un saqueo de las empresas públicas del Ecuador, mediante el favorecimiento de contratos de entidades públicas (como CNEL o Petroecuador).
En su investigación, La Posta también estipula una relación directa de Carrera con Rubén Cherres Faggioni, un nombre vinculado, por sentencias y decisiones judiciales, con el narcotráfico; y por investigaciones en curso de la inteligencia antinarcóticos de la Policía Nacional, con la mafia albanesa. Entre otros acusados también estuvo Hernán Luque, ex delegado de Lasso en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
La noticia no tardó en hacerse mediática, lo que desencadenó en que la Asamblea Nacional apruebe la formación de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción para hacer la investigación preprocesal pertinente. Esta indagación es lo que posteriormente se llamaría el Caso Encuentro.
El proceso detrás del juicio:
El pasado 5 de marzo, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 104 votos a favor un informe que recomendaba el juicio político contra el Presidente de la República, Guillermo Lasso, por delitos contra la administración pública y la estructura del Estado. Sin embargo, este informe no era de carácter vinculante. No fue hasta que la asambleísta Viviana Veloz, de la coalición de oposición Unión por la Esperanza (UNES), entregó la solicitud formal del juicio a la presidencia de la Asamblea que inició oficialmente el proceso hacia el presidente Lasso, esta acción fue respaldada por Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). El presidente calificó este informe sin sustento lógico, probatorio y jurídico.
Luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) revise el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley (artículo 129 de la Constitución Nacional y artículos 86 y 97 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa), la siguiente instancia era el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional.
El 29 de marzo, con 6 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador admitió de manera parcial el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso Mendoza, inadmitiendo las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión, ya que no cumplen las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la LOGJCC. Sin embargo, dentro de la solicitud, se suma otra acusación (ajena al informe del Gran Padrino, pero incluida por la investigación de la Asamblea) que es la contratación de la flota que transporta el crudo ecuatoriano. La Corte admite la posibilidad de juicio únicamente por presunto peculado en las contrataciones de la empresa naviera FLOPEC.
Artículo 148 numeral 2 de la LOGJCC
Dictamen de admisibilidad parcial para enjuiciamiento político del Presidente de la República por la Asamblea Nacional:
“La acusación se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por FLOPEC con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre FLOPEC y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”.
(F.3.3 inciso 90)
El presidente reiteró por cadena nacional que la acusación en su contra es absurda, ya que el juicio político se deriva de dos contratos firmados tres años y siete meses antes de que sea electo como presidente
¿Cómo sigue la situación de Lasso ahora?
El lunes 17 de abril concluyó el plazo de 10 días que tenía el presidente para ejercer su derecho a la defensa, presente su contestación a las acusaciones y pida la práctica de pruebas. Con ello inicia la segunda parte del juicio político, denominada fase de actuación de prueba, donde durante 10 días tanto los interpelantes como el interpelado deben argumentar las pruebas que fueron presentadas, cabe anotar que estas se deben circunscribir exclusivamente al caso admitido por la Corte Constitucional.