El Tribunal Supremo pakistaní ordenó la inmediata liberación del ex primer ministro pakistaní alegando que su arresto fue “ilegal e ilegítimo” por no respetar los debidos procesos. Los jueces “opinaron que no se siguió el debido procedimiento legal cuando se arrestó a Imran Khan” comentó Ishtiaq Ahmed, un funcionario del órgano judicial.
El líder del popular partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) viajó a principios de esta semana desde Lahore hasta Islamabad, la capital del país, para declarar ante el Tribunal Supremo de Islamabad en un caso de corrupción de la National Accountability Bureau. Una vez dentro del máximo tribunal del país, Imran Khan fue arrestado por las fuerzas paramilitares Rangers debido a la desconfianza que el gobierno actual le tiene a la policía.
Luego de su arresto, desde el PTI alentaron a sus seguidores a que “cierren Pakistán”, lo cual resultó en masivas manifestaciones a lo largo de todo el país. Si bien algunas protestas fueron pacíficas, varios manifestantes atacaron instalaciones estatales y militares llegando a quemar la casa de un importante general del ejército en Lahore. Al menos 11 persona murieron en las manifestaciones, decenas resultaron heridas y miles fueron detenidas.
Las fuerzas armadas advierten que habrá una “reacción severa” hacia los ataques contra instalaciones estatales o militares y que los responsables serán “un grupo que quiere empujar a Pakistán a la guerra civil”. Tres de las cuatro provincias de Pakistán están en un estado de emergencia prohibido las manifestaciones civiles.
Un par de días después, un tribunal ha ordenado la liberación de Khan bajo fianza durante 2 semanas. “No tenían justificación para arrestarme. Fui secuestrado. Parece como si hubiera una ley de la selva”, dijo Khan a The Independent en el Tribunal Superior de Islamabad.
Sin embargo, la puja entre Khan y el gobierno pro militar no ha terminado. Las fuerzas militares en Pakistán han gobernado el país directamente por tres décadas tras una serie de golpes de estado, y actualmente tienen una fuerte influencia sobre la política.
En este sentido, el carismático político del PTI disputó el poder militar, lo que resultó en la expulsión de su cargo por el parlamento tras un voto de no confianza y un intento de asesinato a finales del 2022.
El ministro del Interior, Rana Sanaullah, prometió “Lo volveremos a arrestar”, alegando que Khan cuenta con más de 100 causas penales a su nombre. Desde el oficialismo, el gobierno ha criticado la nueva decisión del tribunal.
“El presidente del Tribunal Supremo, Bandial, ahora debería izar la bandera del partido de Imran Khan en el Tribunal Supremo, o debería declarar que el tribunal es una suboficina del partido de Imran” (Azam Tarar, asesor del primer ministro Shehbaz Sharif).
En un primero momento, el Ministerio de Interior ha suspendido los datos móviles y ha cerrado escuelas y oficinas. Adicionalmente, ha bloqueado el uso de redes sociales, como Twitter, YouTube, Instagram y Facebook, buscando suprimir el acceso a información y vías de comunicación del pueblo pakistaní.
A causa de esto, varios líderes políticos y sociales han manifestado su preocupación y rechazo con las medidas impuestas por el gobierno. “El gobierno pakistaní debería defender el derecho a la protesta pacífica mientras responde a la violencia con el mínimo de fuerza necesario”, comentó Patricia Gossman, directora asociada de Asia de Human Rights Watch.
A pesar de las fuertes tensiones entre diferentes sectores en Pakistán, el ministro de interior anuncio que “hemos instruido a nuestras fuerzas en esa zona que se deben seguir las órdenes judiciales y no debe haber ninguna violación de la decisión del tribunal“.
Las fuertes protestas se han calmado luego de la liberación de Khan y uso de datos móviles está lentamente habilitándose. Sin embargo, el conflicto pakistaní está lejos de acabar.