La crisis migratoria en Estados Unidos desata nuevamente una disputa entre las órdenes del gobierno federal y las acciones del estado de Texas. El gobernador Greg Abbott denunció que el gobierno rompió el pacto constitucional con los Estados al establecer la política fronteriza.

La disputa comienza en octubre cuando Greg Abbott realiza una demanda contra el corte de alambrado por parte de la Patrulla Fronteriza, estableciendo que esto significa destruir ilegalmente propiedad estatal. El portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris, comunicó que la “ausencia de alambre de púas y otras estrategias de disuasión alienta a los migrantes a realizar cruces inseguros e ilegales entre los puertos de entrada”.

Frente a esta demanda, el tribunal federal de apelaciones emitió una orden prohibiendo el corte del alambrado, salvo en casos de emergencia médica. Luego, la Guardia Nacional de Texas prohibió el ingreso de agentes federales al Parque de Shelby en Eagle Pass.

Debido a esto, el gobierno de Biden instó en la intervención del tribunal superior, a lo cual Texas se negó. La presión aumentó luego de la muerte de tres inmigrantes que se ahogaron en un área del Río Grande en la cual se acusa que los funcionarios estatales les bloquearon el paso a los agentes federales. Por ello, el gobierno federal enfatizó su responsabilidad por hacer cumplir las leyes de inmigración y evitar las muertes de los migrantes.

El conflicto se intensificó luego de que el 22 de enero la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor del gobierno federal, permitiéndole a la Patrulla Fronteriza remover el alambre de púas colocado por Texas en la frontera con México. De este modo, se anuló la orden judicial del tribunal federal de apelaciones, alegando que permitirlo “solo en caso de emergencias médicas” no era suficiente para actuar debidamente.

Al respecto, el portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, se mostró a favor de que se «anulara la orden judicial que impedía al personal de primera línea realizar funciones federales vitales e interfería con su capacidad para abordar situaciones humanitarias urgentes y hacer cumplir nuestras leyes«.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional agregó que «la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal«. Además, la administración nacional argumenta que la Cláusula de Supremacía de la Constitución establece que las leyes nacionales tienen prioridad sobre las leyes de los estados. Desde dicha posición, acusan que la posición de Texas significaría que todo el país pueda invocar sus propias leyes para impedir el ejercicio del gobierno federal, como comunicó la procuradora general Elizabeth Prelogar.  

Concluida la resolución de la Corte Suprema, Greg Abbott publicó en sus redes un comunicado rechazando las medidas del gobierno federal y defendiendo lo que llamó “el derecho constitucional de Texas a la autodefensa”. En este acusa a Biden de negarse a aplicar correctamente las leyes migratorias y de ignorar las demandas por cumplir sus responsabilidades constitucionales.

“Bajo las políticas fronterizas sin ley del presidente Biden, más de 6 millones de inmigrantes ilegales cruzaron la frontera sur en solo 3 años. Esto es más que la población de 33 estados diferentes en este país. Este rechazo ilegal por proteger a los estados infligió daño sin precedentes en la población alrededor de todo Estados Unidos”, comunicó.

Abbott fundamenta sus argumentos en dos artículos de la Constitución: el Artículo IV acerca de la protección del gobierno federal contra invasiones y el Artículo I acerca de la capacidad de los estados para proteger sus fronteras. Frente a la inactividad de Biden para cumplir el primer artículo, el gobernador establece el derecho y autoridad de Texas para defenderse a sí misma. “Esta autoridad es la ley suprema de la tierra (…)” escribe Abbott.

La administración de Biden y el partido Demócrata interpretaron la declaración como un desafío a la Corte Suprema y al gobierno federal. Stephen Vladeck, profesor en la Universidad de Derecho de Texas, cuestionó el uso de la palabra “invasión” para este caso y estableció que el estado solo podría actuar si el gobierno federal no tuviera la capacidad para responder.

Mientras tanto, 25 gobernadores republicanos apoyaron a Texas en sus reclamos, sumado al expresidente Donald Trump. Además, Abbott reiteró que continuará instalando alambre de púas en la frontera y nuevamente rechazó la intervención del gobierno federal, defendiendo su derecho a autodefensa.

Por otra parte, diversos legisladores acusaron al partido Republicano de no aprobar las medidas migratorias presentadas en el Congreso para abordar el conflicto en la frontera. Estos argumentan que Trump solicitó a los legisladores republicanos no aprobar medidas que ayuden a Biden resolver el conflicto, y así Trump podría empujar su candidatura y resolverlos en su propio mandato.

Esta cuestión representa un gran desafío para el gobierno norteamericano. Los flujos migratorios aumentaron en gran medida en la presidencia de Biden, continuando una tendencia creciente que viene desde la presidencia de Trump. Actualmente, los encuentros en la frontera alcanzan niveles récords, los cuales incluyen aprehensiones y expulsiones.

En un estudio del instituto CATO estableció el total de encuentros en las últimas dos presidencias, sumado al porcentaje de expulsados y liberados. Los números en alza muestran una gran necesidad del gobierno, el Congreso y los estados por encontrar finalmente una resolución a la problemática, lo cual se dificulta por la grieta que separa a ambos partidos.