El próximo 2 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) llevará a cabo las audiencias públicas necesarias para que pueda emitir una opinión legal relacionada a las obligaciones de los Estados sobre el cambio climático.
De acuerdo al reglamento de la Corte en su artículo 65, este órgano de las Naciones Unidas puede emitir dictámenes consultivos sobre una cuestión jurídica a solicitud de cualquier organismo autorizado por la Carta de las Naciones Unidas.
En marzo del año 2023, la Asamblea General de la Naciones Unidas solicitó a la CIJ emitir una opinión consultiva sobre dos incógnitas referidas a los deberes que tienen los países con el cambio climático:
«¿Cuáles son las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medioambiente de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero para los Estados y para las generaciones presentes y futuras?”
“¿Cuáles son las consecuencias legales bajo estas obligaciones para los Estados cuando, por sus actos y omisiones, han causado un daño significativo al sistema climático y otras partes del medioambiente, con respecto a Estados, incluyendo, en particular, a los pequeños Estados insulares en desarrollo (…) y a los pueblos e individuos de generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?”.
Si bien se comprende que la decisión de la Corte no tiene efectos jurídicos vinculantes para los Estados, dada la importancia de la institución como órgano judicial de Naciones Unidas, y dado que la doctrina funciona como fuente auxiliar para la comprensión jurídica internacional, el dictamen emitido tendrá una importancia fundamental para la asignación de deberes a los miembros de la comunidad internacional y una nueva amenaza la libre disposición de la soberanía de los Estados
Según anunció la CIJ el ultimo viernes, la Corte, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, ha recibido 62 aportes escritos de distintos países y organizaciones como parte del procedimiento consultivo sobre las obligaciones de los Estados dada la emergencia climática y las consecuencias que tendrá el calentamiento global.
Entre las partes que presentaron escritos con su opinión en estos procedimientos, se destacan los pequeños Estados insulares en defensa de sus intereses de supervivencia debido a las consecuencias por el aumento del nivel del mar, lo que incluye las Islas Salomón, Bahamas, Kiribati, Islas Cook, Micronesia, Tuvalu, Islas Marshall, Vanuatu, Barbados, Mauricio, Samoa, Nauru, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.
Los mencionados países han venido sosteniendo en diversos foros multilaterales la instauración del paradigma de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” que busca imponer a las principales potencias económicas globales mayores deberes en el marco de lo que denominan una “justicia climática”.
Entre las partes que presentaron escritos con una opinión potencialmente contraria, se encuentran Francia, Reino Unido y los Estados Unidos.
Estas serán las segundas audiencias públicas que celebra la CIJ en lo que va del año para emitir un dictamen con carácter consultivo luego de las sesiones celebradas sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas del Estado de Israel.