La interrupción de las elecciones judiciales en Bolivia en diciembre de 2023 exacerbó la ya tensa situación política en el país andino. En Bolivia, los magistrados deben pasar por un proceso de preselección en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, debido a acciones judiciales contra la selección de candidatos y desacuerdos dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido mayoritario en el Poder Legislativo, este proceso se vio interrumpido.
Como respuesta, el Tribunal Constitucional amplió los mandatos de los magistrados que debían ser reemplazados, argumentando la necesidad de evitar un vacío de poder hasta que se puedan realizar nuevas elecciones. Esta medida generó rechazo tanto en los sectores de la oposición como en el ala radical del MAS, que respalda a Evo Morales.
El presidente actual, Luis Arce, consideró este rechazo como un atentado contra los consensos necesarios para llevar a cabo las elecciones judiciales, acusando a la derecha tradicional y a la «nueva derecha«, representada por el ala radical del MAS. Al mismo tiempo, instó a sus legisladores a esforzarse al máximo para convocar a dichas elecciones.
La situación escaló cuando sectores afines a Evo Morales, demandando la realización de las elecciones judiciales, convocaron a un bloqueo nacional de caminos, afectando áreas clave como Cochabamba, el principal bastión político del exmandatario, Santa Cruz, Oruro y Sucre.
En días recientes, el gobierno de Luis Arce denunció más de 20 policías heridos en enfrentamientos con manifestantes agresivos en una zona entre Oruro y Potosí. Además, atribuye al bloqueo de carreteras la muerte de dos personas; a saber, un conductor que aparentemente sufrió un paro cardíaco y una mujer con problemas de salud que necesitaba trasladarse a un centro médico.
La situación es muy delicada. En este sentido, María Nela Prada, ministra de la Presidencia, acusó a los sectores afines al ex-presidente de intentar un golpe de Estado por el bloqueo de caminos. Por su parte, Evo Morales escribió en su cuenta de X que “El pueblo está movilizado e indignado porque los magistrados violan flagrantemente la Constitución Política del Estado que prohíbe la prórroga de su mandato”.
Cabe aclarar que el descontento de los sectores afines a Evo Morales no se debe exclusivamente a la situación de las elecciones del poder judicial. También tiene relevancia la Sentencia Constitucional dictada por los magistrados en la que se inhabilita a Evo como candidato, dado que no se contempla un tercer mandato.
Frente a toda esta situación, Luis Arce expresó en un discurso reciente que existe una “nueva derecha” que quiere desestabilizar al gobierno y acortar su mandato, mencionando que buscan “expresar su desprecio al Estado Plurinacional” con el bloqueo. La relación entre el presidente y el ex-presidente está más tensa que nunca. Esto se profundizó debido a las aspiraciones de Evo Morales a ser nuevamente candidato el próximo año.
La interrupción de las elecciones judiciales de finales de 2023 ha sumido al país en una grave crisis política. La escalada de tensiones entre el Gobierno actual y los sectores que respaldan al anterior Gobierno demuestra la complejidad interna, que, si no se normaliza pronto, puede llegar a representar una amenaza para la estabilidad institucional y las prácticas democráticas y civiles en Bolivia.