Este miércoles el máximo tribunal de la justicia mexicana informó que ocho de sus miembros, incluída la presidente, presentaron sus renuncias con motivo de la controversial reforma judicial impulsada por López Obrador. No obstante, su salida no se haría efectiva hasta agosto del próximo año, luego de que sean elegidos sus reemplazos.
La reforma en cuestión, establece que los jueces sean elegidos mediante elecciones, al igual que un diputado o un presidente. Esto convierte a México en el único país del mundo cuyos magistrados serán seleccionados a través del voto popular. De este modo, los detractores de la reforma insisten en que la medida fulminará la independencia de la justicia, quedando sometida al sufragio popular, en un país donde los narcos saben como imponer su voluntad en las urnas.
La gran mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia declinaron presentarse a elecciones el próximo año para conservar sus puestos, y presentaron su renuncia, en medio de la disputa entre el Poder Judicial y la nueva presidente Claudia Sheinbaum. Esta última, que continúa a fondo con la iniciativa promovida por su antecesor, enfrentó públicamente al máximo tribunal, advirtiéndole que presentar un recurso para invalidad la elección de jueces sería inconstitucional.
La reforma promulgada por el expresidente López Obrador, y firmemente defendida por su sucesora, generó tensiones diplomáticas con socios clave y numerosas manifestaciones callejeras en rechazo a la medida y en defensa de la independencia del Poder Judicial.
La aprobación de la reforma en el Senado mexicano, el miércoles 11 de septiembre tras un largo e intenso debate, provocó una huelga de empleados judiciales, y el rechazo de los dos principales socios comerciales del país, Estados Unidos y Canadá.
Si todo continúa de acuerdo a lo planeado por el gobierno, en junio de 2025 serán elegidos más de 6.500 jueces mediante voto popular, politizando el sistema judicial y volviéndolo vulnerable a la influencia del crimen organizado, según sostiene la oposición.