El pasado jueves militantes alauitas leales al derrocado dictador Bashar Al-Assad emboscaron una patrulla de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno sirio, desencadenando enfrentamientos armados y una oleada de represión a minorías étnico-religiosas, en lo que se ha convertido en la peor espiral de violencia en años.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó este domingo que en tan solo dos días se registraron más de 1000 muertos, entre miembros de las fuerzas de seguridad, combatientes alauitas y civiles. Según las cifras proporcionadas por la ONG con sede en Londres, entre los muertos hay 745 víctimas civiles, 125 efectivos de las fuerzas gubernamentales y 148 militantes leales al régimen derrocado en diciembre. Además, el director de la organización señaló que a los caídos en combate se suman los muertos por ejecuciones de campo.
¿Quienes son los alauitas?
Los enfrentamientos tuvieron lugar en la zona costera del país, en la provincia de Latakia y la ciudad de Tartus, antiguos bastiones de la familia Al-Assad. Dicha área es hogar de los alauitas, una minoría religiosa que representa el 10% de la población siria. El alauismo es una suerte de escisión del Islam, dentro de la línea chiíta (pero separados de esta), mientras que el actual gobierno es de orientación suní. Asimismo, constituye una mezcla de creencias islámicas y prácticas otomanas y cristianas, como la celebración de la navidad. Esta versatilidad en cuanto a sus creencias los convierte en blanco de hostilidades por parte otras religiones y etnias, quienes los consideran herejes.
Como parte de su estrategia para consolidar el poder, la familia Al-Assad le otorgó a las minorías alauitas un trato especial frente a los demás grupos étnico-religiosos, dándoles un rol protagónico dentro de la administración estatal y concediéndoles diferentes beneficios. Esta dinámica generó una estrecha relación entre el gobierno de Assad y las comunidades alauitas, que se constituyeron como uno de los bastiones del poder del régimen derrocado a finales del año pasado.
Una nueva ola de violencia en Siria
Una emboscada a una patrulla de seguridad gubernamental por parte de combatientes alauitas el jueves pasado reabrió viejas heridas y desató nuevos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, formadas principalmente por los integrantes del disuelto grupo islámico Hayat Tahrir al Sham (HTS), que encabezó el derrocamiento de Bashar Al-Assad, y los militantes alauitas leales al antiguo régimen.
Tras el ataque, el nuevo gobierno sirio, comandado por Ahmed al-Sharaa (ex líder de HTS), emprendió una contraofensiva en la región costera del país, abriendo una oleada de represión sobre las comunidades alauitas, que derivó en la matanza de hombres, mujeres y niños, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Este nuevo episodio dentro de una guerra civil que aún no termina, representa la primera insurrección a la que el nuevo gobierno, integrado por los grupos que derrocaron a la administración anterior, debe hacer frente.
El gobierno de Ahmed al-Sharaa, quien comandó el derrocamiento de al-Assad, se enfrenta al desafío de apaciguar la insurgencia y hacerse con el control del país, ante la proliferación de diferentes grupos y minorías étnico-religiosas (sunitas, chiitas, drusos, kurdos, etc), al mismo tiempo que busca arreglárselas para obtener apoyo internacional, tarea que se vuelve compleja con tantos enfrentamientos armados y matanzas entre comunidades religiosas que encienden las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos.
En el marco de esta nueva ola de violencia, numerosos grupos de derechos humanos denunciaron decenas de muertes entre las comunidades alauitas provocadas, en venganza, por las fuerzas de seguridad sirias y militantes suníes, independientemente de que los asesinados hayan participado o no de la insurgencia.
Por su parte, al-Sharaa, que anteriomente había prometido dar lugar a un sistema que incluya a la diversidad de grupos étnicos y religiosos que existen en el país, pronunció un discurso este fin de semana en el que exigió que los responsables de causar daño a civiles y prisioneros rindieran cuentas por sus actos. Asimismo, culpó a los grupos leales al anterior gobierno por reactivar los enfrentamientos y formó un comité integrado por jueces para investigar los hechos de violencia ocurridos.