El Partido Popular Suizo (UDC) ha logrado reunir suficientes firmas para convocar una votación nacional con el objetivo de restringir la entrada de más extranjeros al país. La UDC, de orientación derechista, ha conseguido recolectar 110.000 firmas, superando en 10.000 la cifra necesaria para llevar a cabo una votación a nivel nacional. Esta propuesta, denominada “No a Suiza con 10 millones de personas”, aún no tiene una fecha establecida para la votación.
La UDC busca poner freno a la constante llegada de extranjeros a Suiza, argumentando que esta ha provocado que la población del país supere los 9 millones de habitantes en 2023. La propuesta plantea la inclusión de una nueva enmienda en la Constitución que garantice el “desarrollo demográfico sostenible”, es decir, que estipule que la población de Suiza no debería superar los 10 millones de personas antes de 2050.
Aunque reconoce en su página web que “la economía suiza siempre ha dependido de la mano de obra extranjera”, la UDC sostiene que “Suiza ha experimentado un auténtico boom demográfico debido a la inmigración descontrolada: a la tasa actual, se superará la cifra de los 10 millones de habitantes en pocos años”.
Dado que la población actual del país es ligeramente superior a los 9 millones de habitantes, los demógrafos prevén que el próximo hito, alcanzar los 10 millones, ocurrirá en unos años si la corriente actual de inmigración desde el extranjero se mantiene al mismo ritmo.
A modo de referencia, los datos oficiales indican que la inmigración neta, es decir, la diferencia entre la inmigración bruta y la emigración bruta, fue de aproximadamente 92,000 personas entre julio de 2022 y julio de 2023.
La mencionada cifra no toma en cuenta a las personas que arribaron del extranjero entre julio y diciembre de 2023.
Si la tendencia actual persiste, la población suiza podría llegar a los 10 millones de habitantes en un lapso de diez años.
Philippe Wanner, profesor del Instituto de Demografía y Economía Social de la Universidad de Ginebra, sostiene que “Suiza se halla en una situación de crecimiento demográfico continuo desde hace varias décadas, atribuible en gran medida a la llegada de jóvenes migrantes que también contribuyen a la tasa de natalidad suiza”.
La UDC argumenta que este aumento “impactará en la calidad de vida, la prosperidad, la naturaleza, así como en nuestra infraestructura, como escuelas y hospitales, y en la energía”. Algunas de estas afirmaciones parecen tener fundamento.
Esta perspectiva ha llevado a los parlamentarios suizos a instar al Consejo Federal a desarrollar escenarios que contemplen cómo el país, a pesar de su tamaño reducido, puede acoger a un número creciente de residentes.
De manera específica, la diputada del Partido Liberal Verde, Judith Bellaiche, ha solicitado a las autoridades federales la elaboración de un plan que aborde la preparación de la infraestructura del país ante el aumento de la población.
La razón detrás de esta solicitud es que la llegada de un número significativo de personas adicionales, independientemente de si son extranjeras o suizas, pondrá a prueba la infraestructura existente, incluyendo aspectos como la vivienda, el sistema de salud y la vivienda pública.
El Consejo Federal indicó que abordaría las preocupaciones de los legisladores “en el marco de la planificación legislativa” en los próximos años. La aprobación de esta propuesta en un referéndum nacional dependerá de diversos factores.
En la más reciente iniciativa de la UDC, el 27 de septiembre de 2020, el 61,7 por ciento de los votantes rechazó la propuesta del partido de limitar la inmigración proveniente de la Unión Europea.
No obstante, este evento tuvo lugar hace cuatro años, antes de que la población alcanzara los 9 millones y antes de que la perspectiva de un crecimiento adicional estuviera en el horizonte.
Si la nueva propuesta será rechazada o no mayoritariamente dependerá de si los votantes considerarán los argumentos presentados por la UDC o los proporcionados por el gobierno y los economistas, quienes afirman que limitar la inmigración “probablemente conduciría a una vulnerabilidad económica sin precedentes”.
Philippe Wanner, de la Universidad de Ginebra, sostiene que “es innegable que este escenario tendría un costo significativo, ya que involucraría políticas restrictivas, controles fronterizos más rigurosos, la posibilidad de inmigración ilegal y escasez en sectores que dependen en gran medida de una fuerza laboral extranjera, como la atención médica, la construcción y la tecnología de la información”.