Durante los últimos cuatro meses, las protestas en Perú han dejado un saldo trágico: alrededor de 66 personas fallecidas y más de mil heridas, según datos de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, esto no es solo una simple estadística, sino que representa el dolor y la tragedia de numerosas familias que han perdido a sus seres queridos debido a la represión y la violencia en el país.
La mayoría de las muertes ocurrieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, donde 49 manifestantes perdieron la vida. También hubo un policía que murió quemado vivo y otras 11 personas que murieron debido a los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes en distintos puntos del sur del país, como Puno, Ayacucho y Junín, entre otros.
Además, el pasado 6 de marzo, seis militares murieron ahogados en un río mientras intentaban evitar un enfrentamiento con manifestantes en la región de Puno. Esto es una muestra clara de que la situación en el país es cada vez más tensa y que la violencia no solo afecta a los manifestantes, sino también a los miembros de las fuerzas armadas.
Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros y exministros están siendo investigados por el Ministerio Público. Sin embargo, la ayuda económica anunciada por Boluarte para las personas afectadas durante las protestas sociales en Puno no tiene un carácter indemnizatorio o resarcitorio, lo que genera dudas sobre la verdadera intención del gobierno.
Reclamos en Puno
Las familias de las personas asesinadas durante las protestas en Puno están exigiendo a la Fiscalía que se aceleren las investigaciones para que se determinen a los responsables de los crímenes. El pasado 5 de abril, realizaron un plantón en el frontis de la sede del Ministerio Público en la ciudad de Juliaca para manifestar su descontento y exigir justicia.
Es inaceptable que, después de casi 90 días, los responsables de las muertes no hayan sido llevados ante la justicia. Los ciudadanos han conformado la Asociación de Víctimas del 9 de enero para exigir justicia de manera colectiva. Sin embargo, para ellos, la respuesta del Estado ha sido insuficiente y las promesas de colaboración por parte de la presidenta Boluarte parecen vacías.
Es hora de que el gobierno peruano tome medidas efectivas para garantizar los derechos humanos y la protección de sus ciudadanos, incluyendo el derecho a la protesta pacífica sin represión ni violencia. La falta de acción solo perpetúa la impunidad y la injusticia, lo que puede conducir a más conflictos en el futuro.
Por Erick Chavez Ramos, para Radar Internacional.