El día jueves 11 de mayo, Estados Unidos levantará todas sus restricciones del COVID-19, incluyendo la conocida como “Title 42”, la cual se implementó por el entonces presidente republicano Donald Trump en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia. En ese momento, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del país norteamericano señaló que la orden era necesaria para detener la propagación del coronavirus en entornos de detención abarrotados.
La medida permitía a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a muchos inmigrantes a México, habiendo sido usada más de 2,7 millones de veces desde su implementación. Desde el comienzo, la política fue atacada por sanitaristas y políticos demócratas, que la consideraban como una excusa del gobierno republicano para hacer más fácil la deportación de inmigrantes, tanto legales como ilegales.
El gobierno de Joe Biden mantuvo la medida en pie a pesar de que, inicialmente, el presidente había anunciado que acabaría con su continuación en un contexto de crecientes arribos de inmigrantes a la frontera sur. En los últimos meses, se han registrado miles de nuevas llegadas, contabilizando, solo en el mes de marzo, un total de 162.000 personas. El alcalde de El Paso, una ciudad mexicana cercana a la frontera, Oscar Leeser, estimó que hasta 15,000 migrantes están en la ciudad o se aproximan a ella esperando que se levante el “Título 42”.
La administración Biden desplegó recientemente 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas para ayudar en tareas administrativas a los ya 2.500 miembros de la Guardia Nacional presentes en la frontera. El Departamento de Homeland Security estima que el número de inmigrantes puede llegar hasta los 13.000 diarios, unos 400.000 mensuales, de levantarse el “Título 42”.
La política del gobierno Federal se está centrando en tratar la situación como un problema internacional humanitario, no simplemente una cuestión de seguridad. De esta manera, se están abriendo centros de procesamiento de inmigrantes en Guatemala y Colombia para agilizar la entrada legal de inmigrantes. A su vez, se está trabajando en implementar una medida que descalifique de la condición de refugiados a los inmigrantes que no hayan pedido asilo en los países de paso en viaje hacia los Estados Unidos. Estas medidas buscan desincentivar la inmigración.
La inmigración es un tema de alto contenido político. Gobernadores republicanos, como el texano Greg Abbott, sostuvieron que las políticas de la administración Biden “causarían un desastre catastrófico”. La idea de construir un muro en la frontera sur sigue siendo muy popular entre los republicanos, puesto que un 85% de los votantes republicanos están a favor de la medida.
La administración Biden está tratando de encontrar una salida que logre satisfacer tanto a votantes que temen por la llegada de grandes cantidades de inmigrantes, como a quienes se preocupan por la creciente crisis social y humanitaria. El problema de la inmigración se explica por un contexto de creciente pobreza e inestabilidad en países latinoamericanos como Haití, Cuba, Venezuela, Honduras, Guatemala, Venezuela y Colombia, entre otros. Si el gobierno no toma acciones claras, podría verse abrumado por la escala de la crisis en pocos meses.