El pasado 17 de mayo, Guillermo Lasso decretó disolver la Asamblea Nacional del Ecuador a través de la institución jurídica conocida como «Muerte Cruzada». La decisión del primer mandatario ecuatoriano causó distintas reacciones en los representantes de la comunidad internacional.
La muerte cruzada es una institución jurídica que le otorga al presidente la anulación mutua entre dos funciones del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Con la firma y publicación del Decreto Ejecutivo, la Asamblea Nacional quedó inmediatamente disuelta, pues Lasso invocó este recurso a través de la causal de “grave crisis política y conmoción interna” la cual no necesita aprobación de la Corte Constitucional.
Un día después de la firma del Decreto 741, la Corte Constitucional ya había recibido seis demandas de inconstitucionalidad de la muerte cruzada, las cuales fueron rechazadas por unanimidad. Lasso gobernará a través de decretos-ley de urgencia económica previamente aprobados por la Corte Constitucional hasta la instalación de la próxima Asamblea Nacional.
Con respecto a este tema, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones el próximo 24 de mayo.
En cuanto a las reacciones internacionales, el portavoz estadounidense, Vedant Patel expresó que “Nuestra relación bilateral con el Gobierno de Ecuador y con el pueblo ecuatoriano permanece fuerte”. Patel mencionó que la administración de Joe Biden está al tanto de lo sucedido y que apoya firmemente a “las instituciones y procesos democráticos del Ecuador”; y agregó que seguirán trabajando juntos por “los desafíos y objetivos compartidos”. El embajador de los Estados Unidos en el Ecuador reiteró esta postura al decir que “la relación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador se mantiene fuerte”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que “monitorea de cerca el desarrollo de la situación en Ecuador tras el ejercicio de la atribución constitucional del Presidente Lasso de disolver la Asamblea y anticipar elecciones generales”. El órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó a las autoridades a continuar garantizando la protección de los derechos humanos de todas las personas, sobre todo el derecho a la libertad de expresión, de asociación y a la participación ciudadana, pilares fundamentales de una sociedad democrática. Adicionalmente, urgió a que el proceso electoral anticipado se desarrolle con respeto a los estándares interamericanos.
Desde otra perspectiva, el exmandatario boliviano, Evo Morales, cuestionó a Lasso por disolver la asamblea, y criticó el hecho de que, previamente, el actual presidente ecuatoriano había acusado de golpista a Pedro Castillo. Si bien la disolución del Congreso peruano es un escenario distinto, Morales recriminó en su cuenta de Twitter la “Doble moral de la derecha sometida al imperio”.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió un comunicado en el que resaltaba que “El Gobierno de Perú reitera su respaldo al proceso democrático en la hermana República del Ecuador”. A su vez, el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, mencionó que su gobierno está siguiendo con atención la crisis política y pidió que se “se respete el orden constitucional a todas las partes involucradas”.