El pasado 4 de septiembre, se anunció que el Ministerio del Interior de Cuba había detectado y se encontraba trabajando en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia. Esta tiene por objetivo el reclutamiento de ciudadanos cubanos a las fuerzas militares rusas que participan en operaciones bélicas en Ucrania, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla.

La declaración también establece que Cuba no está involucrada de ninguna manera en el conflicto bélico y que tomará medidas en contra cualquier persona que, desde su territorio nacional, “participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.

El caso se hizo mediático a raíz de la denuncia de jóvenes cubanos en redes sociales, en particular en los casos de Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, quienes afirmaron haber sido reclutados bajo engaño con la promesa de trabajar en el rubro de la construcción, pero una vez en el país, fueron trasladados a zonas de reclutamiento militar.

“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, denunció Velázquez vía videollamada ante el medio Américatevé. Sin embargo, las investigaciones frente a la veracidad de la información ofrecida en la declaración continúan. 

En su última declaración, el gobierno cubano informó que se han detenido a 17 personas relacionadas con el reclutamiento de ciudadanos cubanos en una red de tráfico con el propósito de unirse al conflicto en Ucrania. 

Aunque el gobierno ruso no se ha pronunciado al respecto, en mayo de este año, el portal Ryazan Gazette reveló que varios cubanos que residían en Rusia se habían alistado en el ejército a cambio de obtener la ciudadanía rusa. Esto se hizo siguiendo el decreto del Kremlin que establecía la concesión expedita de la ciudadanía a extranjeros que firmaran un contrato de prestación de un año. 

Desde el lado del gobierno cubano, han surgido ciertas contradicciones. El Embajador de Cuba en Moscú, Julio Garmendía Peña, declaró a la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti que La Habana no se opone a una ‘participación legal’ de los ciudadanos cubanos en el conflicto bélico contra Ucrania, pero condena las ‘actividades ilegales’ de los detenidos por presunto tráfico de personas, argumentando que ‘violaban la ley’.

“No tenemos nada en contra de los cubanos que quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso. Pero nos oponemos a la ilegalidad y estas operaciones no están dentro del marco legal”, estableció el pasado 14 de septiembre el diplomático. «Cuba no tiene objeciones a la participación legal de sus ciudadanos en el Nuevo Orden Mundial«, agregó.

Por su parte, el Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, desmintió al Embajador en funciones de Cuba en Rusia a través de la red social X (antes Twitter) afirmando que “la posición inequívoca e invariable del gobierno cubano, conforme a la legislación nacional, es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto, contra el mercenarismo y contra la trata de personas”. Rodríguez Parrilla hizo esta declaración poco después de las afirmaciones de Garmendía ante la prensa rusa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su posición contra el mercenarismo, la cual está en consonancia con el Código Penal vigente en la Isla. Según el código, se considera  delito de mercenarismo a «cualquier persona que, con el fin de obtener el pago de un sueldo u otro tipo de retribución o beneficio personal, se incorpore a formaciones militares, o empresas militares privadas, integradas total o parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se proponen actuar».