La implementación de un arancel anual de USD 10.000 para registrar sistemas satelitales en Argentina inaugura una etapa distinta en la política espacial nacional. Esta medida, dispuesta por la Resolución 608/2025 del ENACOM, establece un cobro obligatorio para toda empresa que quiera operar servicios satelitales en el país. El texto también prevé una reducción del 50% en el impuesto para aquellas compañías que instalen estaciones terrenas en suelo argentino. Si bien el objetivo declarado es ordenar el espectro radioeléctrico, algunos analistas señalan que este tipo de gravámenes podría trasladarse al precio final que pagan los usuarios, afectando la accesibilidad.
En un escenario donde los servicios satelitales son cada vez más demandados, especialmente en sectores como telecomunicaciones, agricultura y logística, Argentina decide asumir un rol más activo. Frente al avance de empresas como Starlink y Amazon Kuiper, el país busca establecer condiciones para participar con autonomía y competitividad en el nuevo entramado global.
A nivel internacional, la industria satelital es uno de los motores de la economía digital emergente. El mercado de servicios desde el espacio se proyecta como un sector en expansión, con previsiones que lo ubican por encima de los USD 508.000 millones hacia 2040, según Euroconsult. La infraestructura satelital resulta vital no solo para la conectividad, sino también para optimizar procesos productivos y estratégicos. En este contexto, la histórica experiencia argentina con ARSAT y CONAE representa una base sólida para potenciar nuevas inversiones: ARSAT ya brinda servicios en banda KA, y CONAE lideró misiones científicas y tecnológicas como SAOCOM, que permiten monitoreo agrícola en tiempo real.
Lejos de actuar en soledad, Argentina se suma a una corriente internacional que redefine las reglas del acceso al espacio. Países como Francia, Australia o Brasil también comenzaron a delinear marcos regulatorios que exigen condiciones para operar constelaciones satelitales en sus territorios. Australia, donde la política satelital ha sido históricamente abierta, el gobierno comenzó a exigir que los operadores internacionales presenten estudios de impacto regulatorio y planes de cooperación con agencias locales como la ASA (Australian Space Agency). Francia, por su parte, aplica una normativa estricta sobre el uso del espectro radioeléctrico, con intervención de la Autoridad Nacional de Frecuencias y coordinación internacional a través de la UIT. Incluso Brasil, principal actor regional, discute la implementación de requisitos similares que incluyen presencia jurídica local y obligaciones técnicas. En este escenario, el arancel argentino no actúa como una barrera aislada.
La irrupción de Starlink en el país, que ya cuenta con más de 5.600 satélites operativos en órbita baja (LEO) y ofrece velocidades de hasta 250 Mbps, transforma radicalmente el acceso a internet en zonas rurales. Además, desde abril de 2025, algunos modelos de celulares en Argentina ya pueden conectarse directamente a la red Starlink, lo que anticipa un salto cualitativo en conectividad móvil.
Por su parte, Amazon Kuiper dio el puntapié inicial con el lanzamiento de sus primeros 27 satélites, como parte de una constelación proyectada de 3.236 unidades. La compañía anunció una inversión global de USD 10.000 millones en su infraestructura orbital, con planes de expandirse hacia América Latina, donde Argentina figura como uno de los mercados con mayor potencial por su ubicación estratégica y necesidad de cobertura.
Permitir el ingreso de estas firmas bajo cláusulas precisas abre múltiples oportunidades. Más allá del acceso a internet significativamente más rápido, hay un impacto directo en el empleo, la transferencia tecnológica y la posibilidad de desarrollar servicios satelitales complementarios. Argentina podría convertirse en sede de estaciones terrenas, centros de procesamiento de datos o nodos logísticos orbitales, fortaleciendo su presencia en un ecosistema que combina ciencia, industria y diplomacia.
El acceso a conectividad avanzada favorece además la inserción argentina en las cadenas globales de valor. Empresas nacionales pueden ofrecer servicios desde regiones remotas, monitorear operaciones agrícolas en tiempo real y operar con mayor eficiencia en el comercio exterior. Se estima que más de 7 millones de personas en zonas rurales argentinas podrían beneficiarse con conectividad satelital estable, lo que habilitaría una expansión sustancial de las exportaciones agroindustriales y tecnológicas.
Al establecer un tributo, el Estado pretende definir un marco regulatorio que permita exigir reciprocidad a las compañías extranjeras, tal como ocurre en otras áreas del comercio internacional. De esta manera, se delimita la actividad comercial sin renunciar a la integración global.
Lejos de ser una medida aislada, el arancel satelital forma parte de una política orientada a definir requisitos de operación en un sector clave del siglo XXI. En un mundo donde las decisiones orbitales tienen peso geopolítico, Argentina adopta una posición que combina pragmatismo con visión estratégica. Por eso, el nuevo marco legal también es una herramienta para negociar alianzas y fortalecer la presencia del país en el concierto digital internacional.
Por Ramiro Cura