Uno de los pilares del discurso de Trump durante su campaña y que continúa siendo una de sus prioridades luego de haber sido electo, es la cuestión fronteriza y todos los problemas que derivan de ella, como la inmigración masiva y la proliferación de carteles narcotraficantes que ingresan droga a los Estados Unidos proveniente de Latinoamérica.

La inmigración ilegal siempre fue un tema central en su discurso, desde que llegó por primera vez a la Casa Blanca con la promesa de construir un muro entre México y EEUU. Esta vez, parece haber venido a redoblar la apuesta en cuanto a su política migratoria.

Este domingo, Trump anunció que Tom Homan, expolicía de Nueva York y exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, será su «zar de la frontera», el hombre fuerte encargado de llevar adelante sus planes contra la inmigración ilegal.

En esta línea, Homan anunció que el gobierno de Trump recurrirá a operaciones especiales para combatir a los carteles narcotraficantes de la frontera, a quienes acusó de asesinar más americanos que cualquier grupo terrorista, y de violar mujeres y niños que buscan ingresar a los Estados Unidos, insinuando que se trataría de un problema que afecta tanto a estadounidenses como a mexicanos.

Los cárteles son responsables de atrocidades. El 31% de las mujeres que cruzan la frontera son violadas, al igual que muchos niños, incluso de tan solo nueve años. Estos cárteles son animales, y el presidente Trump los eliminará usando todo el poder de las Operaciones Especiales de Estados Unidos

En consonancia, los republicanos en el Congreso quieren utilizar al ejército para luchar contra los carteles en la frontera, en apoyo a la dura política migratoria que anunció el presidente electo. Esta iniciativa no surgió con la elección de Trump sino que es una idea persistente en algunos sectores republicanos.

A comienzos de 2023, los republicanos Dan Crenshaw de Texas, y Michael Waltz, de Florida, presentaron una propuesta legislativa para otorgar al prediente la autorización del uso de la fuerza militar contra los carteles, luego de que numerosos sectores apuntaran contra el gobierno mexicano por su incapacidad, o falta de voluntad, de tomar medidas contra el narcotráfico en la frontera. Esta preocupación tenía en cuenta elementos como el secuestro de turistas estadounidenses, la corrupción del Estado mexicano y el hecho de dimensionar el peso que tiene la influencia del narcotráfico en las elecciones del país vecino.

En aquel entonces, el ex Fiscal General Bill Barr, sostuvo:

En virtud del derecho internacional, un gobierno tiene el deber de garantizar que grupos al margen de la ley no utilicen su territorio para perpetrar actos de depredación contra sus vecinos. Si un gobierno no está dispuesto o no puede hacerlo, el país afectado tiene derecho a tomar medidas directas para eliminar la amenaza, con o sin la aprobación del país anfitrión.

De este modo, desde hace tiempo algunos en Washington creen que si el gobierno de México, ahora en manos de Claudia Sheinbaum, no se hace cargo del problema, es el propio gobierno estadounidense quien debe tomar cartas en el asunto de una manera más asertiva.

Hace un año, quienes mostraban preocupación por la falta de acción del Estado mexicano en materia de lucha contra el narcotráfico, apuntaban contra la creciente corrupción del régimen de AMLO, como un agravante del problema. Al día de hoy, con Sheinbaum en el poder, la situación no ha mejorado, por el contrario, el panorama deja poco espacio para el optimismo. Esto se debe a que la actual presidente siguió a fondo con la reforma judicial impulsada por su antecesor. Dicha reforma, somete los cargos judiciales al sufragio popular, de modo que, al igual que diputados y senadores, los jueces federales serán elegidos a través del voto, en un país donde el narco influye considerablemente al momento de ir a las urnas.

Con este escenario, los republicanos que abogan por un mayor involucramiento del gobierno en las fronteras en lo que respecta al narcotráfico, encuentan un poderoso incentivo para sostener la necesidad de recurrir a la fuerza militar, lineamiento que parecería ajustarse a la política del presidente electo.