Tras el tsunami de 2011, la central nuclear Fukushima Daiichi quedó destruida luego de que dos olas de considerable tamaño golpearon la infraestructura y derritieron tres de sus reactores. Por ello, Japón tuvo que bombear agua marina para enfriar el equipo, proceso que genera alrededor de 130 toneladas diarias de agua contaminada. En este contexto, la suma total de agua contaminada almacenada supera las 1,3 millones de toneladas, lo cual supone el punto máximo de capacidad de la central nuclear según afirmaron las autoridades japonesas.
Claramente, este asunto acarrea un grado muy alto de sensibilidad, lo cual ha llevado a que toda la región securitice la problemática. En este sentido, existen organizaciones no gubernamentales involucradas en el seguimiento y control de la central. La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), juega un rol clave a nivel técnico, lo cuál permite una mediación más “neutral” de la problemática.
Tras la publicación de un informe sobre el asunto, la OIEA pudo corroborar la veracidad de las declaraciones de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO), compañía que propone como única solución la liberación oceánica de los residuos nucleares, y de manera urgente. Si bien la gestión de OIEA puede asegurar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, no es suficiente para dar seguridad y certeza a los países vecinos.
En este sentido, los reclamos han sido claros. Existe en la región del Indo-Pacífico un escepticismo con respecto a las consecuencias de las descargas radioactivas sobre aguas pacíficas a pesar de que funcionarios japoneses se han comprometido a asegurar la calidad del agua, afirmando que podría, incluso, utilizarse para consumo personal. En respuesta, opositores surcoreanos replicaron que, “sí es lo suficientemente segura para beber, deberían usarla como agua potable”.
El temor recae principalmente en la imposibilidad de medir los efectos ambientales y de salubridad a largo y corto plazo. Este proceso, promete Tokio, será paulatinamente ejecutado mediante un plan de 30 años de descarga continua. Sin embargo, por más paulatina y rigurosa que sea la liberación de agua, científicos internacionales también han cuestionado estas medidas.
Estas aguas arrastran un isótopo radiactivo llamado tritio y otros rastros radioactivos que podrían transportarse más allá de las aguas pacíficas, lo que hace a la naturaleza transfronteriza y global del problema en cuestión.
Robert Richmond, director del Laboratorio Marino Kewalo de la Universidad de Hawái y asesor científico sobre el plan de descarga del Foro de las Islas del Pacífico, afirma que la propia vida marina del Pacífico es el principal medio por el cual estos residuos puede llegar hasta las costas norteamericanas.
Es más, existen pruebas de casos similares. National Geographic señala un estudio que comprobó cómo, durante 2011, el atún rojo en costas japonesas transportó radionúclidos derivados de Fukushima hasta la costa de San Diego.
Hasta el momento, existen dos cuestiones claras sobre el problema: el primero, la necesidad japonesa de descomprimir los depósitos de aguas con residuos radiactivos no responde a caprichos políticos ni falacias técnicas; y, el segundo, no existe certeza sobre el efecto a largo plazo de las liberaciones oceánicas que esto produciría, a lo que se sumo el hecho de que ningún actor internacional propone una vía alternativa y atractiva para Japón.