El pasado 28 de Julio en Venezuela se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, donde competirían el dictador chavista Nicolás Maduro y la oposición encabezada en la campaña por María Corina Machado y en las boletas por Edmundo González. Con clima proclive al conflicto, la dictadura de Maduro llevo a cabo uno de los fraudes más escandalosos de la historia, fraguando números, escondiendo las actas y autoproclamándose ganador sin ningún dato que lo sustentara, y por si fuera poco, además de echar a los veedores que no eran suyos, habló de “baño de sangre” si no ganaban ellos.
A una semana del fraude, la situación parece no mejorar ni un poco de lo que ya hemos visto, con expulsión de diplomáticos extranjeros, detenciones a periodistas internacionales y compatriotas y la brutal represión que se está llevando adelante por orden del propio Maduro y sus esbirros.
La persecución política también azota a los más renombrados opositores, González y Machado. Tanto es así, que en el día de hoy el fiscal del régimen, Terek Williams Saab ordenó abrir una causa e inició una investigación en contra de ambos dirigentes, por una supuesta “instigación a la insurrección”. El texto en el cual se exhiben las causas de la investigación dice lo siguiente: “Al margen de la Constitución y la ley, falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) contradice rotundamente lo expuesto por el Consejo Nacional Electoral, no solo porque no ha expuesto ningún acta ni ningún dato certero más que los porcentajes, sino que habla de una manipulación aberrante de los datos.
Maduro y la constante opresión
Todo esto se da en un marco de represión brutal, de desaparecidos y de detenciones irregulares e ilegales a cualquier persona que se manifestase en contra del gobierno. Hasta el día de hoy, al menos 23 personas han perdido la vida en las manifestaciones, y se habla de casi 1000 detenidos de manera irregular. En tanto, Maduro habla de alrededor de 2000 detenidos por “intentar un golpe de Estado”. Según él Foro Penal, la ONG encargada de defender a los presos políticos del país caribeño, casi todas las detenciones se han hecho de manera arbitraria e injusta. El vicepresidente del Foro, Gonzalo Himiob, manifestó que hay una precalificación de delitos sin ninguna investigación previa, lo cual mancha de irregularidad todo el proceso.
El papel de la comunidad internacional frente a la represión
La OEA ha llamado, mediante un comunicado, a la paz entre los manifestantes. Textualmente, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, dice que “el pueblo venezolano ha pagado un costo altísimo en hambre, miseria, migración, enfermedades, prisión política, tortura, muerte como ningún otro pueblo del hemisferio en este siglo XXI”. Y añadió: “Que los actores de la comunidad internacional que han sido indulgentes con estos crímenes velen para que no vuelvan a ocurrir. Que haya un profundo significado de paz en las acciones de cada venezolano y venezolana, que no haya lugar para un solo represor ni para un solo reprimido. La ‘paz’ de la represión, el temor, el terror, no es paz”.
Más allá de cualquier tipo de pedido de paz de la OEA o hasta del Papa Francisco, lo cierto es que Maduro lleva más de una semana haciendo diariamente cadena nacional, autoproclamándose presidente electo venezolano, y se da el gusto de perseguir, hostigar y violentar todo tipo de Derechos Humanos de manifestantes y políticos.
La comunidad internacional se debe ver obligada no solo a bregar por la transparencia en toda jornada electoral, sino a exigir y fustigar al oficialismo chavista a mostrar las actas que dicen que Maduro ganó la elección, en tanto, la oposición colgó en internet un sitio donde iban subiendo las actas propias, actas que fueron desmentidas por el oficialismo.
El poder de no decidir
Llevamos una semana y parece como si fuera un año. La incógnita persigue y rodea a todos los países latinoamericanos pero sobre todo a los venezolanos, que, como hace mucho tiempo viene pasando, no se ha respetado su voluntad soberana de elegir a sus gobernantes, y por tanto, que sin acción rápida por parte de los actores involucrados, la sociedad venezolana se tiene garantizada un tiempo la desatención de sus preferencias electorales.