El 22 de febrero del 2023, el Fiscal Karin Khan presentó ante la Corte Penal Internacional ordenes de arresto contra Vladímir Putin, Presidente de la Federación Rusa, en el contexto de la invasión a Ucrania.
La deportación y el traslado ilegal de niños
Sobre la base de las pruebas reunidas y analizadas por la Fiscalía de la Corte junto con investigaciones independientes, la Corte Penal Internacional ha confirmado que existen motivos razonables para creer que el Presidente Putin tuvo responsabilidad penal por la comisión de un crimen de guerra en particular: la deportación y el traslado ilegales de niños ucranianos de zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia.
Los crímenes fueron presuntamente cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022. En la operación analizada se registró la deportación masiva de cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de refugio.
Mediante decretos presidenciales emitidos por el presidente Putin, se modificó la ley rusa para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, lo que facilitó que fueran adoptados por familias rusas, consolidando aún mas.
Es por la propia particularidad de este crimen, que la Fiscalía también ordenó el arresto de María Lvova-Belova. Apenas 4 meses antes de la “operación especial” de Rusia, la ahora imputada asumió el cargo de Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina presidencial de la Federación Rusa.
La propia funcionaria siempre ha llamado el traslado forzoso de menores como un proceso de «evacuación» y lo ha explicado como una preocupación por los intereses de los niños.
Por si fuera poco, la propia Lvova-Belova reconoció haber adoptado personalmente a un niño de 15 años, Philip Golovnya, originario de Mariúpol, una de las ciudades ucranianas anexadas durante varios meses por las fuerzas rusas. El menor efectivamente fue raptado en la primavera de 2022, primero trasladado a Donetsk y luego a un sanatorio en la región de Moscú, donde fue recibido por la funcionaria.
La respuesta rusa: “nula y sin efecto”
Desde Moscú se rechazan todas las ordenes de arresto por los crímenes de guerra durante su «operación especial» contra el país vecino. Su argumento: al no ser signatario del Estatuto de Roma, la Federación Rusa no tiene la obligación de responder a las peticiones de arresto de Putin y Lvova-Belova lanzadas por la Corte Penal Internacional.
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienenninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos«, ha comentado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
Lo que la portavoz de la Federación Rusa pareciera olvidar es que conforme al artículo 12 del tratado, la Corte Penal Internacional también podrá juzgar y condenar por crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte.
Es así como el argumento ruso no tarda en caer: Ucrania no constituye hoy en día un Estado parte del Estatuto de Roma, pero si ha aceptado la jurisdicción de la Corte mediante dos declaraciones realizadas en 2014 y 2015 de conformidad con el artículo 12.3 de dicho instrumento, que permite que los Estados que no sean parte consientan la competencia de la Corte. Así, la investigación de la Corte incluye crímenes cometidos en el territorio de Ucrania, sin perjuicio de la nacionalidad de los autores.
Lo que implica el arresto de un Jefe de Estado
De acuerdo al artículo 63 del Estatuto, el juicio debe hacerse en presencia del acusado, por lo que será necesario que las órdenes de arresto sean ejecutadas para que el proceso penal pueda llevarse a cabo.
Esto resulta realmente difícil, si no imposible, debido a las casi nulas chances de que Vladímir Putin sea arrestado. Por un lado, mientras ejerza la autoridad de la Federación Rusa, éste no será detenido por sus propias fuerzas de seguridad. Por otro lado, cabe preguntarse por la posibilidad de que sea arrestado por otro Estado parte del Estatuto en caso de que viaje a otros países, dado que estos tienen la obligación de cooperar con la Corte, lo que implica la detención de aquellos/as sobre quienes pese una orden de arresto
Dado que en definitiva Vladímir Putin es un jurídicamente un fugitivo internacional, su riesgo a ser arrestado aumenta si pisa el territorio de un Estado parte del Estatuto, cuyo poder judicial podría hacer cumplir la medida de la Corte.
Es por lo dicho, que Putin opta estratégicamente por no asistir a eventos como la Cumbre de los B.R.I.C.S en Johannesburgo, Sudáfrica (Estado parte) en agosto del 2023, y decir presente en otros encuentros de su agenda internacional como su visita a Kirguistán en octubre de 2023 para la Cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, su visita de Estado a Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2023, o su reciente visita a Corea del Norte para reunirse con el dictador Kim Jong-un.
El rasgo común de los últimos Estados mencionados no solo es que ninguno ratificó el Estatuto de Roma, por lo que no les pesa ninguna obligación internacional para cumplir con las ordenes de arresto emitidas desde La Haya, sino que son aliados estratégicos de Moscú, que han manifestado su apoyo o neutralidad frente al conflicto con Ucrania.
Algunas conclusiones
La decisión del Fiscal Khan de solicitar la primera orden de arresto en la guerra de Ucrania contra la persona de mayor poder de la Federación Rusa ha sido sorpresiva y ha generado discusiones acerca de las consecuencias que ello podría causar para las relaciones internacionales.
Parece claro que la única posibilidad en el horizonte de que Putin u otros jerarcas de su régimen terminen tras las rejas es con un cambio de las circunstancias políticas en la Federación Rusa. Solo ello podría abrir la puerta a una posible detención, como ha ocurrido con otros líderes, como Slodovan Milosevic.
En la actualidad, el Estado ruso no solo ha rechazado todas las órdenes de arresto sino que también ha anunciado que impondrá sanciones contra el fiscal y los jueces involucrados en el caso.
Si bien las posibilidades de que se apliquen son escasas, el hecho de que las órdenes estén vigentes y hayan sido transmitidas a todos los Estados implica, no obstante, una presión internacional y una limitación a la facultad de Vladímir Putin de desplazarse fuera de las fronteras de su país y de desarrollar su agenda internacional. No cabe la menor duda, el presidente de la Federación Rusa es un prófugo de un tribunal internacional. Ello posee, al menos, una carga simbólica inapelable.