Bolivia atraviesa una etapa de transición crítica tras semanas consecutivas de movilizaciones coordinadas que lograron sostener una participación estimada en torno a las 100.000 personas diarias en todo el país. Las protestas fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos de La Paz, referentes del magisterio rural y estructuras vinculadas al liderazgo político de Evo Morales desde el Chapare.
El proceso de conflictividad ha ingresado ahora en una instancia de negociación formal, mediada por la Iglesia Católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. El diálogo se desarrolla en el ámbito de la Conferencia Episcopal y reúne al Gobierno nacional, representantes de los sectores movilizados y legisladores que actúan como facilitadores.
En ese contexto, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron la abrogación de la Ley 1341, que desde 2020 regulaba y restringía el uso del estado de excepción, incluyendo límites a la intervención de las Fuerzas Armadas y una duración máxima de 60 días. El presidente Rodrigo Paz la promulgó el miércoles 28 de mayo. La medida no elimina la obligación constitucional de contar con aprobación legislativa en un plazo de 72 horas para declarar el estado de excepción, pero sí amplía significativamente el margen operativo del Ejecutivo para implementarlo.
Estado de la negocaición y estrategia sindical
Antes de iniciar cualquier negociación sustantiva, las organizaciones movilizadas están planteando en estos momentos dos condiciones clave. En primer lugar, la anulación de órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales, con foco en el referente Mario Argollo, un punto que depende del Poder Judicial. En segundo término, la convocatoria a un cabildo masivo para consultar a las bases si la dirigencia debe avanzar en el diálogo con el Gobierno.
Esta última exigencia, promovida por la COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, refleja una estrategia de legitimación interna y de presión política simultánea, que busca consolidar respaldo orgánico antes de cualquier acuerdo.
En paralelo, los sectores movilizados han intentado construir una narrativa de autonomía respecto de Evo Morales. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en señalar que el ex presidente mantiene capacidad de influencia estructural sobre el proceso, incluyendo mecanismos de financiamiento desde el Chapare.
La agenda de fondo y tensiones económicas
Una vez superadas las condiciones previas, el pliego central de demandas incluye un aumento del 20% del salario mínimo mensual y garantías de no privatización de empresas públicas, incluso aquellas que presentan déficits estructurales.
En este punto, el presidente Rodrigo Paz ya ha ofrecido señales de contención al descartar la privatización de activos estratégicos como YPFB, el sector eléctrico y los recursos vinculados al litio. No obstante, mantiene abierta la posibilidad de avanzar en esquemas de participación público-privada o cogestión en empresas no estratégicas, particularmente en sectores industriales menores como cartón o lácteos.
Más allá de las demandas económicas y laborales, el conflicto también expresa una disputa política subyacente. En ese marco, emerge la figura del vicepresidente Edmand Lara, quien buscaría capitalizar el escenario para posicionarse en espacios de poder dentro del Ejecutivo, incluyendo acceso a poner funcionarios en algunas áreas del Gobierno.
Escenario abierto
El proceso de diálogo mediado abre una ventana de desescalada, pero las condiciones impuestas por los sectores movilizados y la fragmentación de intereses dentro del propio oficialismo anticipan una negociación compleja. Bolivia entra así en una fase donde convergen presión social, límites institucionales, financiamiento del narcotráfico y reacomodamientos políticos, en un contexto regional que observa con atención la estabilidad de uno de los actores clave del eje andino.
