Mientras YPF celebra los resultados de su cambio de foco hacia Vaca Muerta —con shale oil, gas no convencional, récords nacionales y exportaciones en expansión—, el Plan Andes marcó una decisión histórica: la salida definitiva de la compañía de las cuencas maduras. Lanzado en 2024, este programa buscó reordenar el portafolio de YPF, concentrar recursos en los activos de mayor rentabilidad y transferir áreas convencionales a operadores más ágiles y enfocados en eficiencia.
Ese proceso ya no es una intención estratégica: está en fase final. A mediados de abril de 2026, YPF ya había completado la transferencia de 45 de las 48 áreas comprometidas en la Fase I. La compañía busca cerrar el proceso antes de fin de año, tras reducir su exposición a campos maduros, mejorar costos y redirigir capital hacia Vaca Muerta, donde proyecta inversiones récord para 2026. Reportes sectoriales señalan reducciones de costos de extracción de hasta el 44% en algunos casos.
El problema es que esas áreas no son simples activos heredados. Son parte del corazón histórico de la industria petrolera argentina.
La Cuenca del Golfo San Jorge, ubicada entre el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, produce petróleo desde principios del siglo XX. Pero hoy enfrenta la realidad dura de toda cuenca madura: décadas de explotación, declinación natural, campos con alta proporción de agua, infraestructura envejecida y recuperación secundaria y terciaria cada vez más costosa.
Los números muestran la magnitud del deterioro. Según el último corte sectorial publicado con datos oficiales procesados, el Golfo San Jorge produjo alrededor de 175.100 barriles diarios, con una caída interanual del 7,5%. Otros relevamientos sobre abril de 2026 mostraron una baja todavía más marcada: -9,8% interanual, equivalente a unos 554.000 barriles menos en el mes. En el primer cuatrimestre, la retracción acumulada fue del 8,2%, con 1,8 millones de barriles menos que en el mismo período de 2025.
Y si se mira la película completa, el retroceso es todavía más contundente: de niveles cercanos a 279.000 barriles diarios en 1996 se pasó a un orden de magnitud bastante menor tres décadas después. Una pérdida estructural que no responde a un accidente puntual, sino al declino natural de una cuenca madura.
Ese declino ocurre sobre una estructura de costos que deja poco margen para el error. En campos maduros del Golfo San Jorge, el costo total por barril producido —sumando desarrollo, regalías, retenciones, servicios, mantenimiento, energía e impuestos— puede ubicarse en niveles que vuelven frágil la rentabilidad. Con márgenes finos, pozos envejecidos y recuperación asistida intensiva, cualquier interrupción, conflicto prolongado o salto de costos puede convertir producción marginal en producción antieconómica.
Ahí entra el Plan Andes.
La salida de YPF permitió que compañías pequeñas y medianas tomaran áreas donde el negocio ya no depende del gigantismo, sino de la cirugía fina: optimización, eficiencia operativa, recuperación mejorada y administración obsesiva de recursos. En Chubut, PECOM, del Grupo Pérez Companc, asumió la operación de Manantiales Behr, El Trébol–Escalante y Campamento Central–Cañadón Perdido, bloques que representan un núcleo relevante de producción convencional para la provincia.
PECOM ya comenzó a mostrar una estrategia concreta. En El Trébol–Escalante, la compañía anunció una inversión superior a USD 114 millones, con foco en recuperación terciaria mediante inyección de polímeros. El objetivo es extender la vida útil del yacimiento y duplicar el volumen hacia 2030, pasando de unos 8.000 a 16.000 barriles diarios.
Pero la reconfiguración productiva abrió otro frente conocido en el mundo petrolero: el conflicto sindical.
A comienzos de 2026, los gremios denunciaron supuestos incumplimientos vinculados a abandono programado de pozos, remediación ambiental, indemnizaciones, garantías de inversión y continuidad laboral. El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila, elevó la tensión al intimar a PECOM y exigir inversiones inmediatas, además de la reactivación de Manantiales Behr. La advertencia fue directa: si PECOM venía a achicar, la cuenca podía paralizarse.
Ese riesgo no era menor. Los sindicatos también alertaban sobre despidos masivos, pérdida de empleos indirectos y un posible éxodo de profesionales de operadoras y compañías de servicios hacia Neuquén. Todo eso podía comprometer la continuidad productiva, las regalías provinciales y la estabilidad social de una región dependiente del petróleo.
Sin embargo, la novedad de 2026 es que esa tensión inicial encontró un cauce institucional. En marzo, Ávila habló de un “principio de tranquilidad” tras compromisos de inversión. Y el 26 de mayo se produjo un hito político y operativo: el gobernador Ignacio Torres, Jorge Ávila y Luis Pérez Companc recorrieron Manantiales Behr para formalizar el desembarco de PECOM, ratificar inversiones, sostener los puestos de trabajo convencionales y consolidar paz social tras la salida de YPF.
Ese punto es central. La seguridad energética no se construye solamente evitando bloqueos, tomas o paros salvajes. También se construye ordenando transiciones, alineando incentivos, verificando inversiones y dando previsibilidad a los nuevos operadores. El caso Chubut muestra justamente eso: el conflicto existió, la amenaza fue real, pero el sistema político, sindical y empresario logró encauzarlo antes de que el daño se materializara.
La historia reciente demuestra por qué ese aprendizaje importa.
En 2012, el grupo conocido como “Los Dragones” —una escisión radical vinculada a la construcción petrolera— protagonizó una violenta toma del yacimiento Cerro Dragón, operado por Pan American Energy. Los manifestantes ocuparon instalaciones críticas, provocaron destrozos en oficinas, sistemas de control, tendidos de fibra óptica y decenas de vehículos, además de cortar rutas de acceso.
El golpe sobre la producción fue inmediato. Cerro Dragón quedó prácticamente paralizado y, luego de una recuperación parcial, operó apenas al 30% de su capacidad normal. Pan American Energy informó entonces que solo el 40% de los pozos productores estaba funcionando y que la producción de petróleo había caído a unos 5.000 m³ diarios, equivalente al 30% del nivel habitual.
Las consecuencias no terminaron ahí. PAE tuvo que suspender trabajos de perforación, servicios de pozo y obras, además de reprogramar parte de su plan de desarrollo. También se reportó la baja de 19 equipos de torre en Cerro Dragón, con impacto directo sobre la actividad, el empleo y la cadena de servicios.
Ese antecedente dejó una enseñanza brutal: cuando se paraliza un yacimiento estratégico, no se afecta solamente a una empresa. Se destruyen barriles, regalías, exportaciones, empleo, inversiones y confianza. En una cuenca madura, además, el tiempo perdido no siempre se recupera. Cada pozo detenido, cada proyecto de secundaria demorado y cada equipo desmovilizado agranda el declino natural.
Por eso la seguridad energética debe ser sinónimo de operación protegida, reglas claras, estabilidad, diálogo eficaz y compromisos de inversión verificables. Los activos estratégicos no pueden quedar rehenes de la amenaza, el bloqueo, la toma o la extorsión disfrazada de conflicto sectorial. Pero tampoco pueden gestionarse con improvisación, sin transición ordenada ni previsibilidad para trabajadores, provincias y operadores.
Vaca Muerta ya demostró que la eficiencia y la modernización pueden transformar la matriz energética argentina. Pero las cuencas maduras, como el Golfo San Jorge, tienen otro desafío: sobrevivir en declinación, costos altos y márgenes finos. Para eso, los nuevos operadores necesitan invertir, optimizar, perforar, hacer workover, sostener recuperación mejorada y trabajar sin interferencias que destruyan producción, empleo, regalías e infraestructura.
El caso Chubut deja una señal importante. Hubo tensión. Hubo riesgo. Hubo advertencias de paralización. Pero también hubo negociación, presencia del gobierno provincial, compromiso empresario y participación sindical para ordenar una transición que podía haber terminado mal.
Esa es la diferencia entre administrar una cuenca madura y abandonarla al conflicto.
La seguridad nacional también se juega ahí: en los pozos convencionales, en los equipos de workover, en las rutas de acceso, en las baterías, en las plantas de inyección, en los sistemas de control y en cada barril que se produce o se pierde. Porque cuando se paraliza una cuenca, no se castiga a una empresa.
Se castiga al país.
