Hay una escena que se repitió una y otra vez durante las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados por la Ley de Glaciares: exposiciones cargadas de dramatismo, advertencias absolutas y afirmaciones categóricas sobre los riesgos de la minería. Pero detrás de ese volumen discursivo, lo que escaseó fue algo mucho más elemental: argumentos técnicos sólidos. Prácticamente no hubo discusiones en términos hidrogeológicos, ni cuantificación de impactos, ni análisis de sistemas, procesos o escalas. Se habló demasiado, pero no se explicó nada.
Y mientras ese clima dominaba el recinto, afuera parecía estar ocurriendo otra cosa. Lejos del micrófono y del tono apocalíptico de las audiencias, la sociedad argentina empezó a mostrar un cambio de percepción. La consultora Poliarquía publicó un estudio que marca un punto de inflexión: no solo mejora la imagen de la minería, sino que además se consolida una idea que durante años fue resistida en el debate público, la posibilidad de compatibilizar desarrollo productivo y cuidado ambiental. El 61% de los argentinos está a favor de la actividad, mientras que la asociación automática entre minería y contaminación cae de manera significativa, de 48 al 33% en apenas un año.
El contraste no es menor. Expone con claridad un desacople entre ciertos espacios del debate político y la percepción social. Mientras en las audiencias predominó una lógica binaria, donde cualquier actividad minera es presentada como incompatible con el ambiente, la sociedad empieza a moverse en un terreno más complejo, pragmático y, sobre todo, más cercano a la evidencia.
Ese giro no aparece en el vacío. Se sostiene sobre datos concretos del sector. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord histórico de 6.037 millones de dólares, un 29,2% más que en 2024 y equivalentes a casi el 7% del total exportador nacional. El impulso principal fue dado por oro (68% del total) y litio (cerca del 15%). El aporte minero al PBI creció un 8,5% interanual, el empleo directo superó los 37.000 puestos formales, y las inversiones extranjeras directas en el sector continúan expandiéndose a partir de iniciativas atractivas como el RIGI.
Todo esto, además, desarma la falsa dicotomía entre “ambiente o desarrollo”. Estos resultados no se producen en ausencia de regulación, sino bajo un marco normativo específico y estricto. La Ley 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, vigente desde 1995 y más completa que la normativa general, obliga a la presentación de Informes de Impacto Ambiental (EIA), planes de cierre de mina desde el inicio del proyecto, fiscalizaciones permanentes y uso eficiente de recursos. De hecho, la minería representa menos del 1% del consumo nacional de agua (frente al 80% de la agricultura) con operaciones gestionando circuitos cerrados que recuperan entre el 70% y 90% del recurso utilizado.
En paralelo, también emerge una demanda social clara: equilibrio. No se trata de elegir entre uno de los dos extremos, sino de avanzar con ambos. Así lo refleja el 56% de los encuestados por Poliarquía, que exige que ambos objetivos progresen en simultáneo.
Y sin embargo, todavía persiste una contradicción de fondo. Argentina sabe que tiene recursos. El conocimiento sobre litio y cobre es masivo. Pero esa conciencia no se traduce en desarrollo. La producción minera lleva años sin crecer de manera significativa. No es un problema geológico, ni de disponibilidad de recursos. Es un problema de condiciones, de reglas y de cómo se construye la legitimidad para desarrollar esos recursos o se la destruye.
En ese punto, el debate sobre la Ley de Glaciares deja de ser únicamente una discusión ambiental. Pasa a convertirse en una prueba sobre la capacidad del país para tomar decisiones basadas en evidencia y no en consignas. Porque cuando el debate público se desacopla de la realidad social, el riesgo ya no es solo la polarización: es la parálisis.
La pregunta de fondo, entonces, ya no es si la minería debe existir o no. La sociedad, en buena medida, ya respondió eso. La verdadera discusión es si Argentina puede —o quiere— desarrollar sus recursos bajo estándares técnicos, controles efectivos y reglas claras.
Y ahí es donde el ruido de unos pocos empieza a importar menos que los datos
